El Senado emitió dictamen para reformar la Ley de Glaciares, permitiendo a las provincias autorizar minería en zonas periglaciales. Mientras gobernadores y empresas buscan reactivar el empleo, científicos y ambientalistas denuncian que la medida es inconstitucional y amenaza reservas hídricas críticas.
El plenario de comisiones del Senado emitió este jueves un dictamen favorable para modificar la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo en el marco de las sesiones extraordinarias. Con este aval, el proyecto quedó listo para ser debatido en el recinto el próximo 10 de febrero. La reforma busca otorgar a las jurisdicciones provinciales la facultad de decidir sobre la protección de sus hielos, permitiendo potencialmente la actividad económica en áreas periglaciales que no constituyan reservas hídricas estratégicas.
La Oficina del Presidente fundamentó la propuesta en la necesidad de eliminar trabas legales que paralizan las competencias provinciales. Actualmente, la normativa vigente protege de manera uniforme todos los tipos de glaciares, pero el cambio legislativo habilitaría su explotación siempre que se demuestre que no se afecta la seguridad hídrica regional.
El debate en la Cámara Alta contó con la presencia de los gobernadores de San Juan y Catamarca, Manuel Orrego y Raúl Jalil, quienes respaldaron la medida. Los mandatarios destacaron que la minería es un motor indispensable para el empleo formal, señalando que la industria genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos en la región andina. Desde las cámaras empresariales (CAEM y CAPMIN) coincidieron en que la ley actual presenta imperfecciones que generan incertidumbre jurídica para las inversiones.
Por otro lado, la comunidad científica y las organizaciones ambientalistas expresaron un enérgico rechazo. Representantes del IANIGLA defendieron el Inventario Nacional de Glaciares, mientras que fundaciones como FARN y Greenpeace calificaron el tratamiento de “proceso exprés”. Los activistas advirtieron que el proyecto es inconstitucional y que, en un contexto de calentamiento global, flexibilizar la protección de los hielos por intereses mineros pone en riesgo las fuentes de agua dulce del país.
Expertos legales subrayaron que la reforma altera el espíritu de la norma original, introduciendo cambios por vía de la interpretación que podrían derivar en una judicialización masiva. Con el dictamen ya firmado, la política nacional se encamina a una sesión clave que determinará el futuro de la minería en zonas de alta montaña.
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