El Jefe de Gobierno porteño advirtió que no descarta una nueva presentación ante la Corte Suprema si las negociaciones con el Ministerio de Economía no alcanzan un acuerdo de pago inmediato.
El Jefe de Gobierno porteño advirtió que no descarta una nueva presentación ante la Corte Suprema si las negociaciones con el Ministerio de Economía no alcanzan un acuerdo de pago inmediato.
El conflicto por los fondos de coparticipación ha entrado en una etapa de definiciones técnicas que trasciende la afinidad política. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, ha manifestado que, si bien la voluntad de diálogo con el ministro Luis Caputo permanece abierta, la paciencia institucional tiene un límite marcado por la sustentabilidad de las cuentas públicas. El nudo de la disputa reside en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, que obliga a la Nación a girar el 2,95% de la masa coparticipable de forma automática, una transferencia que la administración central aún ejecuta de manera parcial.
Desde una perspectiva administrativa, la Ciudad enfrenta un dilema de planificación presupuestaria. Al no recibir los fondos mediante el sistema de “goteo” diario que establece la ley, el Ejecutivo porteño debe recurrir a una ingeniería financiera para sostener el ritmo de la obra pública y los servicios esenciales. Macri enfatizó que el reclamo no es una cuestión de preferencias presupuestarias, sino de respeto a la institucionalidad y al orden jurídico que rige el federalismo fiscal argentino.
La estrategia del Ministerio de Economía nacional, por su parte, se ha centrado en priorizar el equilibrio de caja y el cumplimiento de las metas de déficit cero. Esta postura ha generado una fricción constante con la Ciudad, que observa cómo la demora en los pagos erosiona el valor real de los recursos frente a la inflación. El análisis de fondo sugiere que el Gobierno nacional utiliza la negociación de la deuda histórica como una herramienta de disciplina fiscal, mientras que la Ciudad busca que el cumplimiento de la sentencia sea un hecho administrativo irreversible.
El escenario de recurrir nuevamente al máximo tribunal representa un costo político alto para ambos sectores del espectro oficialista. Sin embargo, para la gestión de Jorge Macri, la vía judicial podría ser el único camino para garantizar los recursos de 2026 sin quedar supeditados a la discrecionalidad del Tesoro Nacional. En este contexto, los equipos técnicos de ambas jurisdicciones trabajan contra reloj para diseñar un esquema de pagos escalonado que evite una ruptura total de relaciones en vísperas del próximo ejercicio económico.
Esta tensión por el federalismo de recursos pone de manifiesto la fragilidad de los acuerdos cuando la escasez de fondos domina la agenda. La resolución de este conflicto no solo afectará las arcas porteñas, sino que servirá como un precedente jurídico para el resto de las provincias que observan con atención el desenlace de la puja entre la Capital y el Puerto. El desafío para las próximas horas será encontrar un equilibrio entre la ortodoxia fiscal de Caputo y la autonomía financiera que reclama la Ciudad bajo el amparo de la Justicia.
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