Federico Sturzenegger ratificó la eliminación de los aportes patronales obligatorios, calificándolos como un canon privado ineficiente. El sector empresarial advierte que la medida desfinanciaría la capacitación técnica de los trabajadores, trasladando ahora esta fuerte disputa económica al ámbito legislativo.
La administración central ha decidido elevar la apuesta en su disputa contra las cúpulas empresariales al confirmar que no retrocederá en la desarticulación del financiamiento automático de las entidades patronales. Federico Sturzenegger, titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, descartó cualquier tipo de consenso con los representantes del sector, a quienes acusó de defender un sistema de recaudación arbitrario que asimiló a un canon privado que debe ser eliminado.
Para el equipo económico de Javier Milei, la supresión de estos cargos fijos representa un alivio necesario para la competitividad y la reducción de gastos operativos en el sector privado. Sturzenegger sostiene que si las prestaciones de las cámaras, como el asesoramiento o la capacitación, son realmente eficientes, los empresarios optarán por abonarlas motu proprio. De esta forma, se busca eliminar una estructura que el oficialismo considera una caja política alimentada por la falta de opciones de los empleadores.
Desde la vereda opuesta, las organizaciones empresariales, con la Cámara de Comercio (CAC) a la cabeza, alertan sobre las consecuencias de este recorte en la formación técnica. Advierten que peligra la continuidad de los cursos gratuitos y subvencionados que hoy se dictan a miles de trabajadores a través de institutos especializados. Asimismo, aseguran que las entidades de menor envergadura, especialmente las PyMEs regionales, quedarían al borde de la quiebra ante la falta de recursos estables para sostener su representación institucional.
Este enfrentamiento ya cuenta con antecedentes en los tribunales, dado que un decreto previo que intentaba implementar esta misma medida fue frenado por una medida cautelar solicitada por el sector mercantil. Ante este obstáculo, el Ejecutivo ha optado por blindar la iniciativa a través de la vía legislativa, modificando la Ley de Convenios Colectivos para que la libertad de aporte sea indiscutible y jerárquicamente superior a cualquier pacto entre partes, afectando a más de veinte rubros industriales y comerciales.
El volumen económico en disputa es masivo, ya que el Gobierno estima que los aportes impactan sobre un universo de más de un millón de asalariados, mientras que las cámaras sostienen que el alcance real es menor debido a la informalidad. Lo que es innegable es que la tensión entre el presidente y sus aliados del mundo empresarial ha llegado a un punto crítico, trasladando ahora el escenario de la discusión final a las comisiones del Palacio Legislativo durante el tratamiento de la Reforma Laboral.
Pagni advierte que Milei perforó su piso de aprobación (34%) debido a la recesión y el fin del relato de la “herencia”. Critica el diagnóstico oficial que culpa al periodismo, mientras el Gobierno recurre al estatismo financiero para sostenerse.
El Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores a garantizar las clases mediante planes de contingencia ante el paro docente. Desde la UBA, Emiliano Yacobitti denunció que el Gobierno incumple la ley de financiamiento y ratificó la marcha federal universitaria.
Comodoro Py inicia una nueva fase de indagatorias a 35 implicados por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se investiga una asociación ilícita que manipuló licitaciones millonarias de insumos médicos y medicamentos mediante empresas seleccionadas y el pago de sobornos.
La Justicia procesó a la cadena Día por presunta evasión previsional mediante contratos de franquicia falsos para ocultar relaciones laborales. Con un embargo de 800 millones de pesos, se investiga la falta de aportes de miles de empleados entre 2015 y 2018.
En la gala de la Fundación Libertad, Mauricio Macri afirmó que el populismo está llegando a su fin en la región. El exmandatario elogió el liderazgo de María Corina Machado y abogó por un calendario electoral que restaure la democracia en Venezuela.
El gremio docente de Río Negro convocó a un paro de 48 horas contra las auditorías médicas y el presentismo. Exigen un piso salarial de $2 millones y el fin de los descuentos por ausentismo aplicados por el gobierno provincial.
Concluyó la etapa de testimonios en el jury contra los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro por el caso Dalmasso. Tras declarar investigadores y forenses, el 6 de mayo iniciarán los alegatos para definir si serán destituidos por negligencia grave.
Ariel García Furfaro declaró ante el juez Kreplak, negando negligencia en la producción de fentanilo contaminado que causó 114 muertes. El empresario denunció un presunto sabotaje y solicitó peritar la maquinaria, mientras la justicia ratifica fallos críticos en los controles industriales.
