El fiscal Navas Rial imputó a Claudio Tapia y la comisión directiva de la AFA por la presunta retención indebida de $19.000 millones en aportes previsionales e impuestos que no habrían sido depositados al Estado en el plazo legal.
El fiscal Navas Rial imputó a Claudio Tapia y la comisión directiva de la AFA por la presunta retención indebida de $19.000 millones en aportes previsionales e impuestos que no habrían sido depositados al Estado en el plazo legal.
La Justicia en lo Penal Económico formalizó una investigación que coloca bajo la lupa el manejo financiero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El fiscal Claudio Roberto Navas Rial impulsó la imputación contra el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La acusación se centra en la presunta retención indebida de tributos y recursos de la seguridad social, una maniobra que habría permitido a la institución financiarse con fondos que pertenecían al fisco.
El requerimiento de instrucción, presentado ante el juez Diego Amarante, no se limitó a las figuras máximas. Debido a la complejidad de la estructura económica de la asociación, el fiscal consideró necesario extender la investigación a otros directivos de peso, como Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo.
Según los documentos judiciales, los implicados habrían omitido el depósito de fondos recaudados en concepto de IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes jubilatorios de empleados propios y de diversos clubes.
La investigación de ARCA detalló que la maniobra se desarrolló en dos etapas. Inicialmente, se detectó una irregularidad por $7.500 millones, pero una ampliación posterior de la auditoría elevó la cifra global a más de $19.353 millones.
Este monto corresponde a retenciones practicadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El organismo recaudador sostuvo que la AFA actuó con dolo, ya que conocía su responsabilidad como agente de retención y contaba con los recursos para cumplir con las obligaciones legales, pero decidió no transferir los montos dentro de los diez días hábiles que estipula la ley.
De probarse estas conductas, los responsables podrían enfrentar penas de prisión de dos a seis años, tal como lo establece el Régimen Penal Tributario. La fiscalía busca determinar si existió un plan sistemático para utilizar estos tributos como capital de giro para la operatividad diaria de la entidad y de los clubes asociados.
Este frente penal no es el único que acecha a la dirigencia actual del fútbol argentino. La imputación por los aportes se suma a la causa denominada “Sur Finanzas”, donde se investigan presuntas irregularidades en préstamos otorgados a clubes, lo que derivó en allanamientos en sedes como San Lorenzo, Racing e Independiente.
Asimismo, la justicia analiza la propiedad de una quinta de lujo en Pilar que, aunque figura a nombre de una jubilada y un monotributista, es sospechada de pertenecer a integrantes de la cúpula de la calle Viamonte.
El avance de estas causas obligará a los directivos a dar explicaciones sobre la transparencia en el manejo de los activos que circulan por la entidad madre del fútbol nacional. La resolución de este conflicto tributario marcará un precedente sobre el alcance de las responsabilidades penales de los administradores deportivos frente a las obligaciones del Estado.
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