Postergan las indagatorias por un planteo de competencia

La defensa de Luciano Pantano y Ana Conte, señalados como presuntos testaferros de la cúpula de la AFA, logró suspender las audiencias previstas para hoy. Mediante un recurso legal, solicitaron que la causa por la mansión de Pilar pase a la justicia federal de Campana, dilatando el proceso judicial.

Quinta de Villa Rosa. Foto: Web.

El juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, se vio obligado a interrumpir el cronograma de declaraciones luego de que los abogados de los imputados presentaran un planteo de inhibitoria. La estrategia busca que el expediente sea tramitado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, argumentando cuestiones de jurisdicción territorial. Esta movida técnica ocurre en un momento crítico de la investigación, justo cuando los acusados debían justificar ante la justicia el origen de los fondos utilizados para adquirir y mantener una propiedad de lujo en Villa Rosa y una flota de 54 vehículos de alta gama.

La justicia sospecha que Pantano y su madre, Conte, no son los verdaderos dueños del patrimonio, sino que ofician como “hombres de paja” de los principales dirigentes de la AFA. La casona de Pilar, objeto central de las pericias, es considerada por los investigadores como un símbolo del desvío de recursos institucionales hacia el patrimonio privado. Al suspender las audiencias de este lunes, se posterga la posibilidad de que los implicados realicen su descargo sobre cómo un esquema de ingresos particulares podría sustentar un nivel de vida y una logística de mantenimiento tan costosa y sofisticada.

Este nuevo capítulo en la causa profundiza la mirada sobre el entorno de la calle Viamonte. La magnitud del secuestro de automóviles —que incluye modelos de marcas internacionales exclusivas— sugiere una estructura de lavado de activos que excede la simple omisión impositiva. Para el público adulto que sigue de cerca los escándalos de transparencia, esta dilación procesal representa un obstáculo en la búsqueda de Verdad y Justicia sobre el manejo de los fondos del fútbol argentino, un sector que hoy se encuentra bajo el microscopio de múltiples juzgados.

Mientras el juez González Charvay resuelve si acepta el caso o si la competencia permanece en el fuero penal económico porteño, la investigación queda en un compás de espera. No obstante, las pruebas recolectadas en los allanamientos, que incluyen documentación contable y registros de propiedad vinculados a sociedades fantasma, continúan siendo analizadas por los peritos oficiales. La postergación de las indagatorias no anula la evidencia, pero sí estira los tiempos de una resolución que la sociedad y el mundo deportivo aguardan con creciente expectativa.

La arquitectura de la impunidad suele apoyarse en estos laberintos reglamentarios. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones y la conexión de este caso con otras maniobras de fuga de divisas a los Estados Unidos marcan un camino de no retorno para la investigación. La mansión de Pilar no es solo un inmueble bajo sospecha; es la punta del iceberg de una matriz de negocios opacos que desafía la institucionalidad del deporte más popular del país y exige una respuesta contundente del Poder Judicial.

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