Según el informe de Javier Fuego Simondet, dos empleados del Senado bonaerense fueron detenidos acusados de liderar una secta que captaba jóvenes. La red utilizaba promesas laborales para someter a las víctimas a abusos sexuales y extorsión económica bajo manipulación psicológica.
En un informe elaborado por el periodista Javier Fuego Simondet, se detallan los pormenores de una investigación criminal que ha derivado en la detención de dos agentes del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz permanecen bajo arresto tras ser señalados como los responsables de una red de captación y ultraje que operó durante casi diez años. La fiscal Betina Lacki, al frente de la UFI N°2 de La Plata, impulsó los operativos que terminaron con los sospechosos tras las rejas poco antes de finalizar el año, imputándoles delitos vinculados a la explotación de jóvenes en situación de vulnerabilidad.
La pesquisa revela que, bajo la fachada de una agrupación política, los acusados dirigían en realidad una organización denominada “La Orden de la Luz”. Esta estructura funcionaba con dinámicas propias de una secta, donde Rodríguez ejercía un liderazgo autoritario y mesiánico, mientras que Silva Muñoz actuaba como brazo ejecutor y nexo para el reclutamiento. El modus operandi consistía en atraer a mujeres con la promesa de cargos rentados en la Cámara Alta bonaerense; una vez incorporadas al sistema estatal, las víctimas eran obligadas a entregar porciones de su salario y a someterse a los designios de la cúpula, amparados en una asimetría de poder que incluía el conocimiento detallado de sus vidas privadas.
El relato de las damnificadas, que ya suman al menos seis testimonios en el expediente, describe un escenario de terror psicológico y agresiones físicas. Se investigan múltiples episodios de abuso sexual que habrían tenido lugar tanto en residencias particulares como en dependencias oficiales del propio Senado, lo que otorga al caso una dimensión de gravedad institucional extrema. Según el reporte de Javier Fuego Simondet, el cabecilla utilizaba amenazas constantes relacionadas con la estabilidad laboral de las empleadas para perpetrar los ataques, aprovechando su jerarquía dentro del organigrama legislativo para silenciar las protestas.
Tras negarse a brindar declaración indagatoria en las últimas horas, la situación de los implicados ha quedado en manos del Juzgado de Garantías N°4. La fiscalía dispone de un plazo de dos semanas para determinar si solicita la prisión preventiva, mientras se analizan nuevas pruebas que podrían ampliar el número de víctimas. El caso ha generado una fuerte conmoción en el ámbito platense, no solo por la brutalidad de los hechos denunciados bajo el paraguas de la manipulación espiritual, sino por la utilización de recursos y espacios públicos para el funcionamiento de una maquinaria de sometimiento que operó impunemente durante casi una década.
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