Aunque la privatización de la aerolínea de bandera se mantiene como una meta innegociable en el horizonte libertario, el inicio de 2026 marca un cambio de ritmo. Con un balance operativo en azul y planes de expansión de flota, el oficialismo ha decidido priorizar el desguace de otras empresas estatales más deficitarias, dejando el expediente …
La administración de Javier Milei ha decidido recalibrar su cronómetro político. Tras un 2025 marcado por la confrontación sindical y la desregulación de los cielos, la Casa Rosada asume hoy que la privatización de Aerolíneas Argentinas no es una prioridad inmediata para este primer trimestre. El motivo detrás de este enfriamiento no es un cambio de convicciones, sino un dato pragmático que altera el relato oficial: la compañía cerró el último ejercicio con superávit operativo, una anomalía estadística en su historia reciente que le permite, al menos por ahora, salir del centro de la “motosierra” legislativa.
Fuentes parlamentarias y del Ejecutivo coinciden en que el enfoque ha virado hacia empresas que ya cuentan con aval legislativo y que representan una carga fiscal más pesada. Mientras que firmas como el Correo Argentino o los servicios ferroviarios permanecen en la lista de remates urgentes, Aerolíneas transita una etapa de “saneamiento productivo”. De hecho, la empresa planea incorporar 18 nuevas aeronaves entre 2026 y 2027, una inversión financiada con fondos propios que busca incrementar su valor de mercado antes de un eventual llamado a licitación.
Esta tregua táctica también responde a la nueva composición del Congreso. Con una bancada de 91 diputados y 20 senadores, el oficialismo cuenta hoy con un músculo político que le permitiría reactivar el debate en cualquier momento. Sin embargo, en Balcarce 50 entienden que forzar la venta de una empresa que hoy no le cuesta dinero al Estado y que compite bajo el esquema de “cielos abiertos” podría ser un desgaste innecesario en la agenda de este inicio de año. “La gente está conforme con el funcionamiento y la empresa no da pérdida; la prioridad hoy es el Presupuesto 2026 y la consolidación de la Inocencia Fiscal”, admiten desde el entorno presidencial.
No obstante, el espíritu privatizador sigue latente. El decreto que declaró a la compañía “sujeta a privatización” permanece vigente como una espada de Damocles sobre los gremios aeronáuticos. Para el Gobierno, la mejora en los indicadores de Aerolíneas es vista como una operación de maquillaje previa a la venta, asegurando que el Estado no “regale” la compañía sino que la entregue al sector privado como una unidad de negocios eficiente y atractiva.
La paradoja es evidente: cuanto mejor funciona Aerolíneas bajo la gestión pública, menos argumentos de “emergencia” tiene el oficialismo para acelerar su salida. Pero en la visión de largo plazo de La Libertad Avanza, el fin del Estado empresario es un mandato que trasciende cualquier balance contable circunstancial. Por ahora, los vuelos de la aerolínea de bandera seguirán bajo tutela estatal, mientras el Gobierno aguarda el momento político exacto para soltarle la mano definitivamente.
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