El bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza comenzó la redacción de proyectos de ley propios enfocados en las problemáticas de endeudamiento familiar y el régimen de discapacidad. La estrategia oficialista busca frenar el avance de las iniciativas articuladas por los sectores opositores y ofrecer una alternativa de debate a los bloques del Pro y la Unión Cívica Radical (UCR).
En materia de sobreendeudamiento, el debate acumuló más de 50 iniciativas opositoras en las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor. Frente a la situación de morosidad que atraviesan 6 millones de usuarios en el país, la posición histórica del Poder Ejecutivo sostuvo que los contratos entre privados no requerían intervención estatal. Sin embargo, la bancada oficialista optó por elaborar un dictamen alternativo que no fije topes a las tasas de interés ni regule punitorios.
El diputado nacional libertario Santiago Pauli, presidente de la comisión de Finanzas, encabeza la formulación del texto que se debatirá el martes 15. La propuesta no contempla soluciones para las deudas vigentes, sino la implementación de mecanismos de transparencia para contrataciones futuras.
Entre las medidas estudiadas figura la inclusión de un etiquetado frontal informativo sobre el costo financiero total en préstamos bancarios y plataformas digitales, además de un sistema de doble confirmación para la gestión de créditos virtuales.
Paralelamente, la diputada nacional Silvana Giudici remarcó que el crédito en Argentina representa el 16% del Producto Bruto Interno, cifra distante del 75% registrado en Brasil o del 70% en Chile. Desde el oficialismo advirtieron que una regulación restrictiva sobre los rendimientos financieros reduciría la oferta crediticia en el mercado local.
En el área de discapacidad, la oposición promueve la prórroga por un año de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La Libertad Avanza busca sustituir dicho marco normativo por una ley de fortalecimiento permanente.
Los diputados nacionales Gerardo Huesen, Laura Rodríguez Machado y Nicolás Mayoraz mantuvieron reuniones con funcionarios de Hacienda, Legal y Técnica y la Agencia Nacional de Discapacidad para coordinar el giro de partidas presupuestarias.
La iniciativa gubernamental procura formalizar por vía legislativa el cronograma de pagos a prestadores e institucionalizar los recursos para el sector, eliminando la figura legal de emergencia del texto normativo. Fuentes parlamentarias confirmaron que la propuesta no guardará relación con el proyecto de auditorías de pensiones presentado en abril, el cual permanece sin tratamiento en el Senado.
La definición de las comisiones pondrá a prueba la cohesión de los bloques de la UCR y el Pro frente a las alternativas del oficialismo. La viabilidad de las iniciativas dependerá del equilibrio entre las demandas de recomposición social y las restricciones presupuestarias estipuladas por la administración central.