Dos empleados legislativos fueron detenidos por liderar una organización coercitiva y violentar a cinco mujeres. La Justicia investiga si funcionarios del área de Género y Seguridad encubrieron los ataques ocurridos en oficinas legislativas y domicilios privados mediante manipulación espiritual y laboral.
El 29 de diciembre, la Policía detuvo a Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz en su domicilio de La Plata. Los acusados, empleados de planta permanente de la Cámara de Senadores provincial, enfrentan cargos por abuso sexual con acceso carnal y participación necesaria. Según la investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2, a cargo de Betina Lacki, los sospechosos utilizaban su posición en la agrupación política Movimiento Ciudadano La Capitana para captar a jóvenes, algunas menores de edad al inicio de los hechos en 2015.
Los testimonios de las víctimas describieron un sistema de sometimiento basado en creencias espirituales. Rodríguez se autodenominaba como un líder místico, mientras que Silva Muñoz actuaba como instructora.
La organización, denominada “La Orden de la Luz“, utilizaba correos electrónicos para impartir órdenes y prohibiciones de contacto con otros varones. Las denunciantes relataron ante la Justicia situaciones de violencia física, amenazas con armas blancas y rituales de castigo.
El juez de Garantías, Juan Pablo Masi, señaló que los imputados encerraban a las mujeres en domicilios particulares y en oficinas del Senado para perpetrar los abusos.
El caso generó tensión institucional debido a las denuncias de falta de protección. Las víctimas señalaron que buscaron auxilio en el área de Género del Senado y en el Ministerio de Seguridad bonaerense sin obtener respuestas efectivas.
En este marco, se investiga la actuación de una funcionaria que se habría presentado como abogada de las denunciantes para demorar el avance de la causa judicial.
Según los representantes legales actuales, Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, se perdieron pruebas digitales clave durante ese periodo, aunque parte del material fue recuperado por las propias denunciantes.
La Cámara de Senadores todavía no remitió el informe solicitado por la fiscalía sobre las condiciones de contratación de los acusados, quienes llevarían más de diez años en la institución.
Mientras se realizan peritajes a los dispositivos electrónicos secuestrados, la Justicia extendió la detención de la pareja por quince días. Los investigadores no descartaron la aparición de nuevas víctimas, dado que el patrón de conducta identificado sugiere una práctica sistemática de captación en ámbitos educativos y militantes.
Este proceso judicial plantea interrogantes sobre los mecanismos de control interno en los poderes del Estado. ¿Cuántas instancias de supervisión fallaron para que una organización de estas características operara durante casi una década en el corazón legislativo de la provincia de Buenos Aires?
Comodoro Py inicia una nueva fase de indagatorias a 35 implicados por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se investiga una asociación ilícita que manipuló licitaciones millonarias de insumos médicos y medicamentos mediante empresas seleccionadas y el pago de sobornos.
La Justicia procesó a la cadena Día por presunta evasión previsional mediante contratos de franquicia falsos para ocultar relaciones laborales. Con un embargo de 800 millones de pesos, se investiga la falta de aportes de miles de empleados entre 2015 y 2018.
En la gala de la Fundación Libertad, Mauricio Macri afirmó que el populismo está llegando a su fin en la región. El exmandatario elogió el liderazgo de María Corina Machado y abogó por un calendario electoral que restaure la democracia en Venezuela.
El gremio docente de Río Negro convocó a un paro de 48 horas contra las auditorías médicas y el presentismo. Exigen un piso salarial de $2 millones y el fin de los descuentos por ausentismo aplicados por el gobierno provincial.
Concluyó la etapa de testimonios en el jury contra los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro por el caso Dalmasso. Tras declarar investigadores y forenses, el 6 de mayo iniciarán los alegatos para definir si serán destituidos por negligencia grave.
Ariel García Furfaro declaró ante el juez Kreplak, negando negligencia en la producción de fentanilo contaminado que causó 114 muertes. El empresario denunció un presunto sabotaje y solicitó peritar la maquinaria, mientras la justicia ratifica fallos críticos en los controles industriales.
FATE formalizó el cierre de su planta en San Fernando enviando los últimos telegramas de despido. La empresa atribuyó el final a la competencia china y al conflicto sindical, bajo un modelo económico que eliminó el proteccionismo estatal industrial.
Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi declaran este martes en el juicio “Cuadernos” ante el Tribunal Federal 7. El exsecretario de Transporte romperá el silencio para responder por el presunto cobro de sobornos ferroviarios en la causa que lidera Cristina Kirchner.
