El Gobierno eliminó 24 prepagas del registro nacional por falta de actividad, afiliados y documentación. Con esta medida, ya son 139 las entidades dadas de baja para transparentar el padrón, sin afectar a los usuarios actuales del sistema de salud.
El Gobierno eliminó 24 prepagas del registro nacional por falta de actividad, afiliados y documentación. Con esta medida, ya son 139 las entidades dadas de baja para transparentar el padrón, sin afectar a los usuarios actuales del sistema de salud.
La Superintendencia de Servicios de Salud oficializó la remoción de 24 empresas de medicina prepaga del registro nacional, tras constatar que no mantenían actividad comercial ni operativa. A través de un edicto en el Boletín Oficial, el organismo fiscalizador explicó que estas sociedades carecían de beneficiarios, infraestructura prestacional y la documentación técnica necesaria para funcionar legalmente. Con esta nueva tanda de exclusiones, el proceso de limpieza administrativa alcanza las 139 firmas inhabilitadas en lo que va del periodo gubernamental, todas bajo la misma condición de inactividad efectiva.
El objetivo central de este procedimiento es actualizar el censo de agentes que intervienen en el sistema sanitario para garantizar una supervisión más transparente y eficiente. Las auditorías realizadas confirmaron que muchas de estas entidades figuraban en los registros de manera meramente nominal, sin presentar balances ni demostrar una red de servicios médicos. Las autoridades enfatizaron que estas bajas administrativas no alteran la cobertura de quienes cuentan con medicina prepaga, ya que las compañías sancionadas no poseían carteras de clientes ni contratos vigentes al momento de la inspección.
Este reordenamiento busca eliminar la dispersión informativa en el sector salud y asegurar que solo las instituciones con solvencia y estructura real permanezcan habilitadas. El Gobierno ratificó que las inspecciones continuarán de manera exhaustiva para identificar cualquier otra organización que incumpla con los estándares mínimos exigidos por la ley. Al depurar el sistema de firmas “fantasma”, el organismo pretende fortalecer el control sobre las prestadoras que sí operan en el mercado, optimizando así la regulación de los servicios que reciben los ciudadanos.
Aníbal Fernández calificó de ineficaces las consignas del kirchnerismo por la libertad de Cristina Kirchner y pidió defenderla en tribunales. Además, posicionó a Axel Kicillof como candidato del peronismo y respaldó el equilibrio fiscal.
La UNAM evalúa anular o validar 158.000 exámenes de ingreso tras sospechas de fraude con inteligencia artificial. Mientras un comité de expertos define las medidas a tomar, los aspirantes protestan exigiendo certezas sobre el inicio de clases.
Según El País, Nayib Bukele oficializó su candidatura para un tercer mandato en El Salvador tras alterar los contrapesos institucionales. Mediante reformas constitucionales y la extensión del período presidencial, el mandatario consolida su permanencia en el poder.
La medida responde al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y al cierre del 73 % de sus instalaciones hoteleras.
El Gobierno argentino modificó por DNU la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso y revocar residencias a extranjeros que difundan mensajes de odio o dañen símbolos patrios. La medida responde a supuestas campañas difamatorias e incidentes diplomáticos internacionales.
Naciones Unidas alertó sobre el alarmante aumento de agresiones sexuales en Haití, con más de 5500 casos registrados en el primer semestre de 2026. Las bandas armadas perpetran la mayoría de los abusos, afectando principalmente a mujeres desplazadas.
Francia ordenó la expulsión de la periodista rusa Xenia Fedorova, exdirectora de RT France, tras calificarla como una amenaza para la seguridad nacional. El gobierno la acusa de difundir desinformación orientada a manipular la opinión pública ante las próximas elecciones.
El FMI acordó un crédito de 1.900 millones de dólares con Bolivia para respaldar el plan económico del presidente Rodrigo Paz. El programa busca ordenar las cuentas públicas y atraer financiamiento multilateral en medio de tensiones con la oposición.
