Tras un amparo presentado por legisladores peronistas de Entre Ríos, un juez intimó al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional a presentar un informe. Los demandantes aseguran que tres de cada cuatro pesos recaudados para infraestructura fueron desviados hacia instrumentos financieros para sostener el equilibrio fiscal.
La Justicia Federal de Victoria, provincia de Entre Ríos, dio luz verde a una acción de amparo impulsada contra el Gobierno nacional por la presunta retención indebida de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles. La medida fue presentada por los legisladores peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, quienes denuncian la paralización de obras en su provincia.
El juez federal Federico Martín ordenó al Ministerio de Economía y a la Dirección Nacional de Vialidad que presenten un informe detallado en un plazo de tres días. Los organismos nacionales deberán rendir cuentas sobre el manejo y el destino de los recursos correspondientes al Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
El núcleo del planteo de los legisladores radica en la afectación específica de este tributo: por ley, lo recaudado en las estaciones de servicio debe destinarse exclusivamente a la mejora y mantenimiento de la infraestructura vial. Según la demanda, la gestión de Javier Milei estaría desviando esos recursos hacia la colocación en instrumentos financieros (como títulos públicos y plazos fijos) con el único objetivo de robustecer las cuentas del Tesoro y sostener el equilibrio fiscal.
Los números presentados en el amparo reflejan una fuerte subejecución presupuestaria. Entre enero de 2024 y mayo de 2026, el SISVIAL recibió a nivel nacional ingresos por más de $1,5 billones, pero apenas se destinaron $394.406 millones a obras viales. Según este cálculo, tres de cada cuatro pesos recaudados no llegaron a las rutas argentinas, y más de $1 billón permanecía inmovilizado financieramente hasta mediados de este año.
Frente al notorio deterioro de los corredores, los legisladores exigen que el Estado reactive urgentemente las tareas de mantenimiento en la red nacional que atraviesa Entre Ríos, poniendo especial foco en las rutas 12, 14, 18, 127, 135 y 174.
El avance de esta medida judicial se produce mientras el Gobierno nacional acelera su esquema de privatizaciones viales. El pasado 7 de octubre, la Nación concesionó por 20 años un total de 276 kilómetros de rutas entrerrianas (tramos de la RN 18 y la RN 12). Sin embargo, para los demandantes, estas privatizaciones no eximen al Estado de explicar qué hizo con la millonaria recaudación de los últimos dos años ni resuelven el abandono del resto de la traza vial.
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