Sectores de la CGT buscan activar un paro en febrero y advierten a los mandatarios provinciales que no negocien derechos laborales por fondos para obras públicas ante el inminente debate del proyecto oficialista en el Senado.
Sectores de la CGT buscan activar un paro en febrero y advierten a los mandatarios provinciales que no negocien derechos laborales por fondos para obras públicas ante el inminente debate del proyecto oficialista en el Senado.
El sindicalismo argentino atraviesa horas de definiciones estratégicas ante el tratamiento de la ley de modernización laboral en el Congreso. Abel Furlán, titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), convocó a los sectores más duros del gremialismo para este miércoles con un objetivo doble: coordinar un paro general antes del 10 de febrero y enviar una advertencia directa a los mandatarios provinciales.
El dirigente metalúrgico cuestionó la legitimidad de los gobernadores para actuar como interlocutores en una reforma laboral que afecta los derechos de los trabajadores. Furlán señaló que las autoridades territoriales no deben arrogarse facultades de negociación gremial a cambio de partidas presupuestarias.
Esta postura surge mientras el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, intensifica los contactos con provincias como Chaco, Mendoza, San Juan y Salta para asegurar el respaldo legislativo.
La Confederación General del Trabajo (CGT) despliega actualmente una estrategia de pinzas. Por un lado, una comitiva inició una gira federal por Córdoba, Santa Fe y Tucumán. Su meta es persuadir a los jefes provinciales de vaciar de contenido los artículos que consideran más nocivos, como el Fondo de Cese Laboral y la descentralización de los convenios colectivos.
En la vereda opuesta, el ala combativa donde se alinean Omar Maturano (La Fraternidad) y Pablo Biró (Pilotos), sostiene que el diálogo no es suficiente. Maturano propuso formalmente una huelga de 48 horas tras el inicio del debate en el Senado, argumentando una falta de respeto institucional por parte del Gobierno nacional. Para estos dirigentes, la flexibilización laboral ya se aplica de hecho ante el deterioro del poder adquisitivo.
Desde la cúpula de la CGT, Jorge Sola advirtió que existe una consciencia creciente sobre el impacto negativo que la reforma tendría en el tejido industrial. Según el dirigente, el proyecto prioriza el sistema financiero por sobre la productividad, lo que afectaría especialmente a las PyMEs. Sola anticipó que, de aprobarse el texto, la Justicia podría dictaminar su inconstitucionalidad por vulnerar derechos consagrados.
Por su parte, el oficialismo en el Senado se mostró dispuesto a introducir modificaciones para alcanzar los votos necesarios. El objetivo del Gobierno es llegar al recinto con un consenso que permita la aprobación de la norma, aunque esto implique negociar con los sectores más dialoguistas del sindicalismo.
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