El escándalo que sacude los pasillos del Senado bonaerense y la militancia de La Plata ha sumado capítulos de extrema gravedad. En las últimas horas, la fiscal Betina Lacki amplió la imputación contra Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, referentes de la agrupación Movimiento Ciudadano La Capitana, sumando otros cinco episodios de abuso sexual y reconociendo a dos nuevas víctimas. El matrimonio, que permanece detenido desde finales de diciembre, está acusado de utilizar su estructura política y roles institucionales para captar y vulnerar a jóvenes militantes al menos desde el año 2015.
La investigación judicial ha logrado desentrañar un modus operandi escalofriante. Según consta en el expediente, la pareja aprovechaba su posición de poder en la Legislatura y en espacios educativos para atraer a adolescentes o jóvenes recién egresadas del secundario con promesas de pasantías laborales o becas estatales. Una vez establecido el vínculo, se activaba una fase mística donde Rodríguez se presentaba como el “Dios Kiei” y Silva Muñoz como la “sensei” de una organización denominada “La Orden de la Luz”, utilizada para coaccionar a las víctimas y forzarlas a encuentros sexuales bajo el pretexto de alcanzar un “propósito superior”.
Abuso de poder y omisión oficial
La fiscal Lacki no solo pone la lupa sobre los detenidos, sino que ha abierto una línea de investigación para determinar si existió complicidad o encubrimiento por parte de funcionarios del Senado. Resulta alarmante para los investigadores que, a pesar de las denuncias que datan de 2019 y los rumores que circulaban en los ámbitos de militancia, ambos imputados lograran consolidar sus carreras políticas. Silva Muñoz, incluso, llegó a ser precandidata a concejala en 2021 por el Frente de Todos, presentándose paradójicamente como una referente de las luchas feministas y de género.
Los relatos de las damnificadas coinciden en el uso de amenazas con armas blancas y la privación ilegal de la libertad. Una de las denunciantes relató que, tras un encuentro nacional de mujeres en 2016, Rodríguez la forzó a prácticas sexuales mediante el uso de cuchillos y navajas. Por su parte, la dirigente Silva Muñoz está imputada como partícipe necesaria; la Justicia considera probado que ella coordinaba los encuentros, encerraba a las jóvenes en oficinas del Senado o en su domicilio particular y, en ocasiones, era testigo presencial de los abusos sin intervenir.
Un calvario de una década
Con la incorporación de estos nuevos hechos ocurridos en 2015, la línea de tiempo del horror se extiende por más de diez años. Los delitos que enfrentan incluyen abuso sexual con acceso carnal agravado, violación de domicilio y daño grave a la salud mental de las víctimas. El juez de Garantías Juan Pablo Masi ratificó la peligrosidad de la pareja, destacando que las víctimas eran perseguidas y acosadas constantemente para evitar que rompieran el silencio.
Mientras se define la prisión preventiva, la causa sigue sumando testimonios que podrían complicar aún más a otros integrantes de la estructura política platense. Lo que comenzó como una denuncia por abusos aislados ha mutado en una causa que expone las zonas oscuras de la política territorial, donde las banderas de la militancia y la fe fueron utilizadas como carnada para montar una estructura de sometimiento que funcionó a plena luz del día en los organismos más importantes de la provincia.