A solo 13 días de la sesión prevista en el Senado, la Casa Rosada ha decidido plantar bandera. Pese al reclamo de los gobernadores dialoguistas, el núcleo duro libertario se niega a modificar el capítulo tributario.
A solo 13 días de la sesión prevista en el Senado, la Casa Rosada ha decidido plantar bandera. Pese al reclamo de los gobernadores dialoguistas, el núcleo duro libertario se niega a modificar el capítulo tributario.
La estrategia del Poder Ejecutivo para el próximo 11 de febrero es clara: ir al recinto con el texto original o nada. El punto de conflicto central es la modificación del Impuesto a las Ganancias para sociedades y alquileres de vivienda, una medida que el Gobierno defiende como vital para bajar el “costo argentino”, pero que los mandatarios provinciales ven como un hachazo a sus ingresos. Al tratarse de un impuesto coparticipable, los gobernadores estiman una pérdida de entre $5.000 y $6.000 millones mensuales en sus arcas.
El ministro del Interior, Diego Santilli, ha mantenido reuniones con figuras clave del peronismo dialoguista como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). Sin embargo, la respuesta desde el despacho presidencial ha sido gélida. Fuentes cercanas a la mesa chica de Javier Milei aseguran que no habrá “posturas intermedias” ni compensaciones formales. La apuesta oficial es que la supuesta reactivación económica y la formalización laboral que traería la ley equilibrarán las cuentas recién para 2027, un horizonte que resulta demasiado lejano para las urgencias presupuestarias de las provincias.
La postura oficialista es de un pragmatismo absoluto: “Si no sale, no sale”. En la Casa Rosada confían en que el fortalecimiento electoral obtenido en las legislativas de 2025 les otorga una posición de fuerza para disciplinar a los gobernadores a través del voto en el Congreso. Insinúan que la asistencia financiera posterior dependerá directamente de cómo acompañe cada legislador los artículos impositivos. Es, en esencia, un esquema de “toma y daca” donde la reforma laboral es el tablero de juego.
Por su parte, los gobernadores aliados intentan hacer valer el peso que aún conservan en la Cámara Alta. Gustavo Sáenz fue tajante al advertir que no acompañarán medidas que afecten los intereses provinciales, subrayando que una reforma exitosa debe sostenerse sobre “cuatro patas”: empleados, sindicatos, empresas y provincias. Para los mandatarios, la reducción de Ganancias sin una compensación clara es una “pata rota” que pone en riesgo la gestión diaria de sus territorios.
Con el 11 de febrero como fecha límite, el escenario es de incertidumbre total. Mientras el Gobierno se aferra a su plan de baja de impuestos como eje doctrinario, las provincias se atrincheran en la defensa de su coparticipación. El éxito de la reforma laboral, la gran apuesta de la gestión Milei para este verano, depende ahora de quién ceda primero en una negociación que, por el momento, solo ofrece conversaciones abiertas y resultados cerrados.
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