Escándalo en la Ciudad: detectan fraude en comedores

Una auditoría porteña reveló que 454 fallecidos y personas con múltiples propiedades figuraban en los padrones de asistencia alimentaria. El Gobierno cerró 40 centros fantasma y suspendió 5.000 raciones diarias tras detectar irregularidades en el sistema de intermediación.

La fiscalización abarcó más de 500 comedores de la red porteña. Foto: GCBA.

El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires expuso un esquema de irregularidades en la red de asistencia alimentaria tras un cruce de datos masivo. La fiscalización comparó los listados entregados por las organizaciones sociales hasta noviembre de 2025 con los registros oficiales de propiedad y haberes. El resultado arrojó la existencia de beneficiarios con patrimonios y sueldos incompatibles con la ayuda social, lo que derivó en la clausura de centros que no prestaban servicio.

El patrimonio de los beneficiarios

El informe oficial detalló que en los registros figuraban 196 personas con dos o más inmuebles y 1.517 individuos con al menos dos vehículos a su nombre. Los casos más extremos incluyeron a un beneficiario con 13 propiedades y otro con una embarcación.

Asimismo, la auditoría detectó que 476 personas registraban ingresos superiores a los $ 2.000.000 mensuales, mientras que 18 superaban los $ 5.000.000.

La investigación también puso el foco en el sector pasivo. Se identificaron jubilados con ingresos mayores a los $ 2.000.000. Estas inconsistencias fueron detectadas antes de la puesta en marcha de una nueva aplicación digital que permite la identificación individual de cada receptor de alimentos y el seguimiento de las raciones en tiempo real.

Centros fantasma y nexos políticos

El jefe de Gobierno Jorge Macri apuntó directamente contra el dirigente Juan Grabois, vinculándolo con el Movimiento Popular La Dignidad, organización que gestionaba algunos de los espacios clausurados en los barrios de Mataderos y Flores.

Macri calificó la situación como un “negocio de la pobreza” y confirmó que existe una denuncia judicial en curso. No obstante, desde el entorno del referente de la UTEP negaron cualquier vínculo político actual con dicha agrupación.

El ministro Gabriel Mraida señaló que el operativo permitió cerrar espacios que no funcionaban y retomar la asistencia directa a familias. Según el funcionario, el control permitió que menores volvieran al sistema escolar para el ciclo lectivo 2026. Actualmente, la red de cobertura alcanza a más de 250.000 personas por día a través de diversas modalidades de transferencia y asistencia directa.

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