La renuncia del economista sacó a la luz una fuerte interna técnica. El Gobierno suspendió la nueva canasta de consumo para evitar que la suba de tarifas dispare el número de inflación justo cuando busca consolidar la desinflación.
La renuncia del economista sacó a la luz una fuerte interna técnica. El Gobierno suspendió la nueva canasta de consumo para evitar que la suba de tarifas dispare el número de inflación justo cuando busca consolidar la desinflación.
Lo que el lunes se presentó como una salida acordada, este martes se reveló como un choque frontal de criterios entre la rigurosidad estadística y la conveniencia política. Marco Lavagna renunció a la dirección del Indec luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, decidiera postergar por tiempo indeterminado la aplicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). El indicador, que debía debutar el próximo 10 de febrero con los datos de enero, fue congelado por la Casa Rosada bajo el argumento de que “no es el momento” y para evitar “especulaciones” del kirchnerismo sobre una supuesta manipulación en caso de que el número diera más alto.
La trama detrás del portazo de Lavagna expone una contradicción fundamental en la narrativa oficial. El nuevo índice, basado en consumos de 2018 en lugar de los de 2004, le otorga un peso mucho mayor a los servicios (tarifas, transporte, internet) y menor a los bienes (alimentos). Expertos estiman que, de haberse aplicado en 2024, la inflación oficial habría sido 16 puntos superior a la informada. Al mantener la metodología vieja, el Gobierno logra que los tarifazos de luz y gas impacten menos en la estadística general, permitiendo que el número final se mantenga cerca del 2,5% proyectado por Caputo para enero, en lugar de reflejar el costo real del costo de vida actual.
Puertas adentro del organismo, el clima es de desolación. En su última reunión con directores nacionales, Lavagna habría confesado que la presión para demorar el índice era “insoportable”. El exfuncionario, que sobrevivió al cambio de gestión por su perfil técnico, también arrastraba tensiones con Daniel Scioli por las mediciones de turismo y con el Banco Central por las proyecciones de precios. En su carta de despedida, Lavagna insistió en la necesidad de una ley que otorgue autarquía al Indec, un proyecto que naufragó tanto en el gobierno de Alberto Fernández como en el de Javier Milei, evidenciando la resistencia del poder político a soltar el control sobre el termómetro de la economía.
La acefalía temporal —el cargo será ocupado por el director técnico Pedro Lines— y la suspensión del índice dejan al Indec en una posición de vulnerabilidad institucional. La medida va a contramano de las recomendaciones del FMI, que esperaba la actualización para diciembre pasado. Con una plantilla reducida por la “motosierra” y proyectos clave como el nuevo índice de pobreza y de salarios en el limbo, el instituto queda atrapado en una paradoja: mientras el Gobierno pregona la transparencia de mercado, decide aferrarse a una canasta de consumo de hace 20 años para que la realidad de los precios no empañe sus logros macroeconómicos.
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