Tras concluir los sumarios por la toma de la Dirección Médica en octubre de 2025, el hospital dispuso once cesantías. Diez casos dependen de una resolución judicial sobre la tutela sindical, mientras que 29 empleados recibirán suspensiones menores.
Tras concluir los sumarios por la toma de la Dirección Médica en octubre de 2025, el hospital dispuso once cesantías. Diez casos dependen de una resolución judicial sobre la tutela sindical, mientras que 29 empleados recibirán suspensiones menores.
El Consejo de Administración del Hospital Garrahan finalizó una investigación interna que derivó en la sanción de 40 trabajadores. El proceso administrativo analizó los hechos ocurridos el 31 de octubre de 2025, cuando un grupo de agentes ocupó las oficinas de la Dirección Médica. El detonante de aquella protesta fue la decisión oficial de no abonar los salarios correspondientes a días no trabajados por paros anteriores.
Según la reconstrucción del centro asistencial, la toma afectó el funcionamiento operativo de un área estratégica y registró agresiones verbales hacia el personal jerárquico. Las autoridades determinaron responsabilidades diferenciadas mediante el análisis de registros audiovisuales y testimonios recogidos durante varios meses. Como resultado, se dispuso la expulsión de once personas señaladas por diseñar y dirigir la medida de fuerza.
De la nómina de cesanteados, diez agentes cuentan con la protección legal de la tutela gremial. Esta condición impide la ejecución inmediata del despido sin una autorización previa de la Justicia laboral.
Por este motivo, la institución inició el pedido formal de desafuero para los dirigentes involucrados, entre los que se encuentran representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT).
Solo una de las trabajadoras afectadas no posee fueros sindicales, por lo que su desvinculación será inmediata tras el cierre del sumario. Por otra parte, el resto de los empleados investigados recibirán suspensiones de entre 10 y 20 días, al considerarse que su participación tuvo una gravedad menor en comparación con los líderes de la toma.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respaldó la medida y vinculó el episodio con un intento de sectores políticos por utilizar el hospital como “teatro de operaciones”. Desde el Ministerio de Salud sostuvieron que la gravedad de los actos justificó las sanciones para preservar la seguridad de los pacientes y el orden institucional en el principal centro pediátrico del país.
En la vereda opuesta, los dirigentes gremiales Norma Lezana y Alejandro Lipcovich calificaron la resolución como una maniobra de persecución sindical. Los sindicatos cuestionaron que el anuncio oficial se difundiera casi en simultáneo con la notificación interna, lo que para ellos evidencia una decisión política predeterminada. Las organizaciones ya adelantaron que apelarán el dictamen y ejercerán su derecho a la defensa en las instancias legales.
El desenlace de este conflicto queda sujeto a la celeridad de los tribunales laborales. Mientras el hospital asegura que la atención médica no sufrió alteraciones, el debate sobre los límites de la huelga en servicios públicos críticos se intensifica. ¿Validará la justicia el levantamiento de los fueros gremiales bajo el argumento de la falta grave o se impondrá el derecho a la protección sindical?
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