La Asamblea Nacional votó por unanimidad la primera discusión de una ley que busca liberar detenidos desde 1999, excluyendo delitos de lesa humanidad y corrupción, como parte de un proceso de reconciliación tras la captura de Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional votó por unanimidad la primera discusión de una ley que busca liberar detenidos desde 1999, excluyendo delitos de lesa humanidad y corrupción, como parte de un proceso de reconciliación tras la captura de Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó este jueves en primera discusión el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. La propuesta, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tiene como objetivo principal el cierre de procesos judiciales vinculados a la conflictividad política que ha marcado al país desde la llegada del chavismo al poder en 1999.
Durante la sesión plenaria, el diputado Jorge Arreaza presentó el instrumento legal destacando que la iniciativa no busca promover la impunidad.
Según el texto, quedan excluidas explícitamente las personas procesadas o condenadas por violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, narcotráfico y homicidios intencionales. El parlamentario subrayó que la medida responde a un momento histórico que obliga a la nación a sanar heridas y construir caminos de entendimiento.
Tras la aprobación inicial, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, designó una comisión especial para someter el proyecto a una fase de consulta pública profunda. Esta instancia, integrada por 18 diputados, incluyendo a Nicolás Maduro Guerra e Iris Varela, deberá recabar testimonios de víctimas, familiares de detenidos y diversos sectores de la sociedad civil con carácter de urgencia.
La normativa también contempla disposiciones para la revisión de inhabilitaciones políticas impuestas a funcionarios entre 1999 y 2026. El texto establece que quedarían sin efecto aquellas sanciones administrativas donde se determine que no existieron actos de corrupción o cuyas faltas hayan sido subsanadas.
Este punto resulta crucial para el panorama electoral del país, en un contexto donde figuras de la oposición, como María Corina Machado, han manifestado la posibilidad de celebrar comicios hacia finales del presente año.
El avance de esta ley ocurre en paralelo a un proceso de liberación de detenidos que inició el pasado 8 de enero, tras los eventos políticos derivados de la incursión militar estadounidense y la captura del expresidente Nicolás Maduro.
Según registros de la organización no gubernamental Foro Penal, hasta la fecha se ha verificado la salida de 350 personas, aunque voceros gubernamentales sitúan la cifra de beneficiarios en niveles superiores.
Además de las liberaciones, el proyecto plantea la reestructuración del sistema penitenciario asociado a causas políticas, incluyendo el cierre de centros de detención emblemáticos como El Helicoide.
No obstante, expertos en materia jurídica han manifestado cautela ante la redacción de la ley, advirtiendo sobre posibles discrecionalidades en su aplicación futura por parte del sistema de justicia.
La legislación venezolana requiere ahora que el proyecto sea estudiado artículo por artículo en un segundo debate antes de su promulgación definitiva. Mientras la administración actual avanza en la reanudación de relaciones internacionales y el control de la industria petrolera, la implementación de esta amnistía se presenta como la principal apuesta del oficialismo para estabilizar el frente interno.
Resta observar si el alcance final del documento logrará satisfacer las demandas de justicia de todos los sectores involucrados en el conflicto venezolano.
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