Claudio Tapia fue aceptado como querellante en una causa por extorsión contra dirigentes de la Coalición Cívica. El presidente de la AFA denuncia que las acusaciones en su contra fueron represalias por desarticular un negocio irregular de fotomultas en el AMBA.
El panorama legal en torno a la conducción del fútbol argentino ha dado un giro relevante tras la resolución del magistrado Walter Saettone. El presidente de la AFA ha sido formalmente admitido como querellante en un expediente que investiga una presunta red de extorsiones orquestada por figuras vinculadas al partido de Elisa Carrió y un empresario del sector tecnológico. Con este nuevo estatus jurídico, el dirigente podrá intervenir activamente en la instrucción, demandar peritajes y proponer diligencias para demostrar que las denuncias en su contra forman parte de una maniobra de coacción.
Según la declaración testimonial brindada por el titular de la AFA, el enfrentamiento se desencadenó a partir de una irregularidad administrativa en el Camino del Buen Ayre. En su rol como director del CEAMSE, el dirigente ordenó desactivar dispositivos de control de velocidad que carecían de los permisos legales correspondientes. Esta acción habría afectado los intereses económicos de Leandro Camani, titular de la firma Secutrans, quien supuestamente respondió con advertencias sobre una inminente ofensiva judicial si no se restituía el funcionamiento de los equipos de recaudación.
La acusación sostiene que los legisladores Facundo Del Gaiso y Matías Yofe habrían funcionado como los brazos ejecutores de esta operación mediática y penal. La defensa de Tapia argumenta que la denuncia sobre la propiedad de una lujosa residencia en Pilar fue el instrumento utilizado para presionar al dirigente tras su negativa a ceder en el negocio de las infracciones de tránsito. Bajo juramento, el titular de la asociación deportiva desmintió cualquier vínculo con dicha propiedad, calificando las presentaciones en su contra como represalias coordinadas para dañar su imagen pública.
Mientras el empresario Camani niega rotundamente haber tenido contacto directo o indirecto con la máxima autoridad del fútbol, la fiscalía a cargo de Germán Camafreita analiza pruebas que vinculan este caso con otras denuncias de extorsión previas. La investigación también busca determinar si existieron presiones hacia testigos para forzar declaraciones contra funcionarios provinciales. Al ser aceptado como acusador particular, el equipo legal de Tapia, encabezado por Gregorio Dalbón, buscará ahora profundizar en los registros de comunicaciones y los nexos financieros entre los implicados para desarticular lo que consideran un montaje político-empresarial.
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