Sebastián Casanello procesó a siete aseguradoras y al exintendente Hugo Rodríguez por contratos irregulares con el Estado. El fallo del juez federal aplicó la ley de responsabilidad empresarial y fijó embargos millonarios tras detectar graves fallas de control interno.
El juez federal, Sebastián Casanello, dictó este martes el procesamiento de siete compañías de seguros en el marco de la investigación por el manejo de pólizas oficiales. La resolución se fundamentó en la Ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que permite sancionar a empresas por delitos cometidos en su beneficio cuando sus sistemas de control interno resultan deficientes.
Las firmas alcanzadas por la medida son Héctor Martínez Sosa y Cía. SA, Bachellier SA, Bri Broker SA, TG Broker SA, San Ignacio SA, San Germán Seguros SA y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales. Para el magistrado, estas organizaciones permitieron o aceptaron los riesgos de maniobras ilegales que beneficiaron sus arcas a través de contratos con el Estado Nacional.
Dentro del fallo, el magistrado estableció una distinción técnica sobre el comportamiento de San Cristóbal. El texto judicial consignó que dicha entidad poseía normativas éticas previas a los hechos, pero determinó que falló en su implementación efectiva. A diferencia de otras sociedades que no contaban con programas de integridad, este esfuerzo previo podría influir en una eventual graduación de la pena, aunque no eximió a la mutual del procesamiento.
La justicia también procesó a Hugo Daniel Rodríguez, quien se desempeñó como intendente de la Quinta de Olivos durante el mandato anterior. Casanello lo consideró partícipe secundario en negociaciones incompatibles con la función pública y autor de incumplimiento de los deberes de funcionario.
Rodríguez fue señalado como el nexo que facilitó el ingreso del broker Héctor Martínez Sosa a la residencia presidencial de manera irregular.
Según la investigación, el exadministrador omitió el registro oficial de visitas, lo que permitió que el empresario, vinculado estrechamente con el entonces presidente Alberto Fernández, mantuviera encuentros fuera del escrutinio público para avanzar en la expansión de sus negocios.
Junto a las acusaciones, el juzgado trabó embargos significativos para asegurar la recuperación de los fondos públicos afectados. El monto más elevado se aplicó sobre la firma Bachellier SA, por un total de 9.669.697.257,25 pesos. En tanto, el embargo sobre los bienes de Rodríguez se fijó en casi 788 millones de pesos.
La causa investiga un esquema donde la obligatoriedad de contratar con Nación Seguros habría sido utilizada para introducir intermediarios que percibieron comisiones millonarias. Según datos del expediente, el grupo de Martínez Sosa concentró casi el 60% de las comisiones pagadas por la aseguradora estatal entre 2019 y 2024.
Esta decisión judicial se produjo en las últimas horas de Casanello al frente del Juzgado Federal 11 como subrogante. Este miércoles se realizará el sorteo para designar al nuevo magistrado que dará continuidad al proceso, el cual ya cuenta con el procesamiento confirmado del expresidente Fernández por parte de la Cámara Federal.
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