Tras el conflicto en Santa Fe, fuerzas de seguridad rionegrinas exigen un salario inicial de $1.800.000. Rechazaron el incremento oficial en cuotas y preparan protestas.
Tras el conflicto en Santa Fe, fuerzas de seguridad rionegrinas exigen un salario inicial de $1.800.000. Rechazaron el incremento oficial en cuotas y preparan protestas.
Con el reciente antecedente de la violenta protesta policial que paralizó a la provincia de Santa Fe, el gobierno de Río Negro se encamina hacia un nuevo frente de tormenta. Sectores de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario rechazaron de plano los últimos anuncios de recomposición salarial y amenazan con medidas de fuerza por tiempo indeterminado.
Representantes del personal uniformado entregaron un petitorio formal en General Roca y anunciaron un acampe para este miércoles frente a la Casa de Gobierno en Viedma.
La convocatoria, impulsada por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro (CBPPRN), busca visibilizar el hartazgo de los agentes ante la precarización de sus haberes y lo que consideran un “estancamiento del diálogo” con la administración del gobernador Alberto Weretilneck.
El reclamo central del pliego elevado por el Consejo es alcanzar un haber inicial mínimo de $1.800.000, una cifra que consideran indispensable para garantizar la seguridad alimentaria de las familias policiales.
Rubén Muñoz, referente del sector, advirtió sobre la grave crisis socioeconómica que atraviesan las fuerzas: “Muchos agentes están bajo riesgo de ser desalojados por atrasos en el pago de alquileres y algunas familias no logran asegurar la alimentación básica”.
Además, los uniformados están tejiendo alianzas estratégicas. El Consejo confirmó que estableció contactos con ASSPUR (la Asociación Sindical de Salud Pública provincial) para coordinar acciones conjuntas y ampliar el frente de protesta estatal.
Muñoz anticipó que el acampe en la capital será “indefinido” hasta que se eliminen los ítems “en negro” que desfinancian a la obra social y perjudican a los retirados.
El rechazo policial se produjo luego de que el Ministerio de Seguridad de Río Negro anunciara el esquema de aumentos diseñado para febrero.
La propuesta oficial estableció una mejora total del 6,79%, compuesta por:
Este esquema elevó el haber inicial de un agente de seguridad a $1.417.366 (quedando casi $400.000 por debajo de lo pretendido por el Consejo).
El punto de mayor fricción radica en la modalidad de pago del incremento adicional y de los bonos compensatorios:
Lo único que se abonó de manera íntegra con los haberes de febrero fue el aumento del 100% en el ítem de ayuda escolar ($80.000 por hijo y $160.000 por hijo con discapacidad).
Lejos de descomprimir la tensión, el pago escalonado en cuotas fue el detonante que empujó a la fuerza de seguridad a endurecer su postura y marchar hacia la gobernación.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, removió al general Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa tras 11 años en el cargo y designó al general Gustavo González López como reemplazo, en un cambio anunciado este miércoles.
El fiscal Gabriel Pérez Barberá rechazó el sobreseimiento de Claudio Tapia y Pablo Toviggino. La Justicia investiga la retención indebida de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes patronales que no fueron depositados en los plazos legales.
Tensión en Medio Oriente elevó el precio del crudo a niveles récord y afectó los bonos soberanos. El riesgo país superó las 604 unidades, mientras el dólar mayorista cerró con una leve baja a 1.394 pesos.
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La cadena china furor entre la generación Z anunció su desembarco en el país con una inversión de USD 50 millones en cinco años. El primer local abrirá en Buenos Aires durante 2026 y el plan contempla expandirse a otras ciudades.
Un repartidor activó el protocolo de seguridad en el anexo de Diputados al ingresar un paquete que contenía un arma. El legislador del PRO explicó que era un rifle de aire comprimido que compró para el campo y que por error fue enviado a su despacho.
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