El senador José Mayans comparó la gestión de Javier Milei con la dictadura de Videla, denunciando actitudes autoritarias y corrupción. Además, criticó a los gobernadores peronistas que apoyaron la reforma laboral, calificándola de inconstitucional y fruto de negociaciones espurias del Ejecutivo.
La tensión política alcanzó un nuevo pico tras las declaraciones de José Mayans, quien trazó un paralelismo entre la gestión de Javier Milei y el régimen de Jorge Rafael Videla. El referente formoseño argumentó que el actual mandatario exhibe rasgos autoritarios y utiliza el aparato estatal para amedrentar a la disidencia, comparando el programa económico vigente con los planes sociales y financieros aplicados durante los años de plomo y el gobierno de Mauricio Macri. Según el legislador, el avance de la reforma laboral refleja un desprecio por el orden democrático y los derechos adquiridos.
Para el jefe de la bancada opositora, la normativa aprobada recientemente en la Cámara Alta carece de validez constitucional y contradice pactos internacionales de protección al trabajador. Mayans vaticinó que la implementación de estos cambios desencadenará una ola masiva de litigios en los tribunales, ya que considera que se vulnera directamente el artículo 14 bis. Además, denunció un clima de persecución donde cualquier manifestación de protesta corre el riesgo de ser etiquetada como un acto de terrorismo por parte del Poder Ejecutivo.
El senador no ahorró calificativos para sus pares del peronismo que respaldaron la iniciativa oficialista, acusándolos de intercambiar convicciones por beneficios económicos inmediatos. En su descargo, señaló a mandatarios provinciales como Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, sugiriendo que el apoyo de sus representantes en el Congreso fue el resultado de negociaciones espurias vinculadas a giros de fondos nacionales. Mayans calificó este proceso como una estrategia de “caja y amenazas” ejecutada por el Ministerio del Interior para quebrar la unidad del bloque justicialista.
Ante la consulta sobre posibles represalias legales por sus dichos, el legislador se mostró imperturbable y recordó que su investidura le otorga fueros para expresar sus opiniones políticas sin temor. Afirmó que su rol es representar a un sector de la ciudadanía que se siente perjudicado por las medidas del Gobierno, al que calificó de corrupto y desquiciado. Con un tono desafiante, concluyó que la legitimidad de sus palabras radica en su función como portavoz de los intereses provinciales frente a lo que considera un atropello centralista.
Su oponente en la próxima instancia será el estadounidense Zachary Svajda.
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