El proyecto que redefine las relaciones de trabajo, la justicia y los incentivos productivos ya tiene media sanción y espera su sanción definitiva en el Senado, la cuál se espera para el próximo viernes.
El proyecto que redefine las relaciones de trabajo, la justicia y los incentivos productivos ya tiene media sanción y espera su sanción definitiva en el Senado, la cuál se espera para el próximo viernes.

La Cámara de Diputados aprobó una reforma estructural que, a través de más de 200 artículos, busca transformar la dinámica económica y laboral del país. Con el retiro del artículo 44 sobre licencias médicas, el texto regresa a la Cámara alta para su validación final. La iniciativa se apoya en cinco pilares que van desde la flexibilización de los contratos hasta incentivos para la inversión privada y cambios en la recaudación tributaria.
1. Modificación de la Ley de Contrato de Trabajo
El eje central de la reforma altera las bases de la relación empleador-empleado, priorizando la previsibilidad de costos para las empresas.
Remuneraciones: Se habilita el pago en moneda extranjera, especie o alimentos. Se introduce el “salario dinámico”, permitiendo pagos por productividad o mérito acordados por empresa o decisión del empleador. El pago se centraliza exclusivamente en entidades bancarias.
Indemnizaciones: Se reduce la base de cálculo al excluir aguinaldo, vacaciones y premios. El tope salarial será de 3 veces el salario promedio del convenio. Las deudas se actualizarán por inflación más un 3% anual y las sentencias podrán pagarse en hasta 12 cuotas para pymes.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea un sistema de autoseguro de despidos. Las empresas aportarán mensualmente (1% grandes, 2,5% pymes) a cuentas administradas por la CNV, sustituyendo el esquema tradicional de pago único ante el cese laboral.
Jornada y Vacaciones: La jornada podrá extenderse hasta 12 horas diarias (con 12 horas de descanso entre días). Se habilita el fraccionamiento de vacaciones y el uso de un banco de horas para compensar extras.
Antigüedad: Se computará desde el inicio de la relación, pero se perderá el derecho sobre años anteriores si transcurren más de tres años entre la desvinculación y el reingreso al mismo empleador.
Poder Sindical: Se mantiene la cuota sindical (2%) y el aporte a obras sociales (6%), pero se priorizan los acuerdos por empresa sobre los nacionales y se limita la ultraactividad (vigencia automática) de convenios vencidos.
Plataformas y Huelgas: Se crea la figura del “repartidor independiente” para apps, quitándole carácter de relación de dependencia. Se garantiza un funcionamiento mínimo de hasta el 75% en servicios esenciales (incluyendo educación) durante huelgas.
Estatutos: Se derogan los regímenes especiales de viajantes, peluqueros, choferes y telegrafistas en seis meses; el de periodistas caducará en 2027.
El Gobierno busca reducir el empleo informal mediante una amnistía y beneficios a nuevas contrataciones.
Blanqueo (PER): Se propone la regularización de empleados no registrados, condonando hasta el 70% de deudas por aportes y eliminando sanciones penales y del Repsal.
Incentivo (RIFL): Por un año, quienes contraten trabajadores que no estaban registrados al 10 de diciembre de 2025 (o fueran monotributistas/públicos), pagarán solo un 8% de contribuciones patronales.
El objetivo es reducir los costos del sistema judicial y federalizar competencias.
Litigiosidad: Los acuerdos homologados tendrán valor de sentencia firme, impidiendo reaperturas judiciales. Las costas y honorarios de abogados no podrán superar el 25% del monto de la sentencia.
Traspaso de Fuero: Se inicia el traspaso progresivo de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, separando las competencias ordinarias de las federales.
Se introducen cambios en impuestos específicos y en el financiamiento de la cultura.
Exenciones: El IVA se elimina para la energía eléctrica en riego agroindustrial. Se suprimen impuestos internos a electrónicos, celulares, autos de lujo, motos, embarcaciones, seguros y servicios audiovisuales.
Cine: El fondo que financia al INCAA (entradas y videogramas) dejará de existir en 2028, obligando al organismo a buscar nuevas vías de financiamiento.
Un esquema de beneficios para atraer capitales nacionales y extranjeros de porte medio.
Alcance: Inversiones de entre U$S 150.000 y U$S 9 millones en bienes muebles nuevos u obras productivas.
Beneficios: Los beneficiarios contarán con amortización acelerada en Ganancias (recupero más rápido de la inversión) y la devolución de saldos de IVA en un plazo de tres años, sujeto a cupo presupuestario.
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