Cancillería mexicana inició denuncias penales en fiscalías estatales de Estados Unidos y recurrió a la ONU tras el fallecimiento de 17 connacionales bajo custodia o en operativos de ICE, con el objetivo de exigir investigaciones imparciales por presuntos abusos.
Relaciones Exteriores activó un mecanismo jurídico bilateral y multilateral para esclarecer las causas de los fallecimientos de ciudadanos mexicanos bajo el resguardo de las autoridades migratorias en el país vecino.
El proceso, ordenado por el Ejecutivo federal, implicó el inicio de acciones penales en fiscalías estatales norteamericanas a través de la red consular, además de una futura denuncia formal ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en coordinación con la Fiscalía General de la República.
La presidenta de la Nación, Claudia Sheinbaum, argumentó que las medidas buscan una investigación imparcial en los centros de detención y en los operativos de campo.
“No se trata de generar conflicto, ni mucho menos, pero tampoco puede uno como Gobierno decir ‘no vayamos a decir nada'”, afirmó la mandataria, quien además subrayó que la defensa de los migrantes es un tema que concierne a todos los sectores sin importar ideologías políticas.
Paralelamente, la oficina del Consultor Jurídico del gobierno mexicano remitió notificaciones civiles de cese y desistimiento a diversos espacios de reclusión estadounidenses.
El primer documento formal fue enviado al centro de detención de Adelanto, ubicado en el estado de California, donde se registraron cuatro decesos. Dichos escritos exigen la interrupción inmediata de presuntas omisiones operativas, entre las que se señalaron la falta de acceso oportuno a servicios médicos y la implementación de normativas internas contrarias a los criterios penitenciarios internacionales.
Estadísticas oficiales de la cancillería detallaron que, de los 17 fallecimientos reportados, 14 ocurrieron en el interior de los centros de confinamiento, mientras que tres sucedieron durante las maniobras de arresto en campo.
Entre estos últimos destaca el caso de Lorenzo Salgado Araujo, quien perdió la vida en la ciudad de Houston tras recibir disparos por parte de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Ante este panorama, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, estableció comunicación directa con Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La representación mexicana solicitó formalmente a la organización internacional recopilar los informes correspondientes, evaluar el apego de estos acontecimientos a los tratados globales y turnar el expediente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En el ámbito político interno, el posicionamiento del gobierno generó reacciones encontradas en el Poder Legislativo. La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció el impulso de un pronunciamiento institucional para exigir transparencia en las investigaciones en curso y demandar el respeto irrestricto a los derechos humanos de los connacionales.
“Ninguna política migratoria puede colocarse por encima de la vida, la dignidad y los derechos humanos”, sostuvo la legisladora.
No obstante, algunos sectores de la oposición parlamentaria, particularmente el Partido Revolucionario Institucional, rechazaron el llamado a la unidad nacional al calificar la estrategia como una farsa.
Dichas medidas legales se encuentran formalmente en una etapa de indagatoria preliminar, considerada por las autoridades mexicanas como el paso jurídico indispensable para el inicio de futuros litigios en los tribunales correspondientes.
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