El Gobierno lanzó la licitación internacional para privatizar la gestión de rutas nacionales, eliminando subsidios estatales. La medida busca que inversores privados asuman el mantenimiento y obras en corredores estratégicos, optimizando la logística federal bajo un esquema de mayor eficiencia técnica.
La administración nacional ha dado un paso decisivo en su estrategia de desestatización al formalizar una convocatoria de carácter global para la gestión de su patrimonio vial. Mediante la Resolución 174/2026, la cartera económica ha puesto en marcha la tercera fase de un ambicioso proyecto que busca transferir la operatividad de los principales corredores del país a manos de inversores privados. Esta medida se inscribe en el plan de disolución de la estatal Corredores Viales SA, con el objetivo de instaurar un sistema de administración que prescinda totalmente de la asistencia financiera del Tesoro.
El pliego abarca una vasta red de trazados que atraviesan las regiones de Cuyo, el Litoral y el Norte Grande, incluyendo arterias fundamentales para el comercio exterior como las rutas 7, 9, 34 y 11, entre otras. Las firmas que resulten adjudicatarias asumirán la responsabilidad integral sobre estos tramos, lo que implica no solo el cobro de peajes, sino también la ejecución de obras de ampliación, conservación preventiva y servicios de auxilio al usuario. Según los términos publicados en el Boletín Oficial, los interesados tienen margen hasta principios de mayo para realizar consultas técnicas, mientras que la recepción de propuestas económicas se extenderá hasta mediados de junio.
La Secretaría de Transporte ha sido la encargada de diseñar los lineamientos de esta licitación, priorizando tramos estratégicos para la logística productiva. El nuevo modelo de concesión rompe con la estructura de subsidios estatales que caracterizó a la gestión anterior, apostando por un mecanismo de transparencia y libre mercado. Para garantizar la idoneidad del proceso, se ha conformado un comité de especialistas ad hoc que evaluará las ofertas bajo la supervisión de estándares internacionales, buscando atraer capitales que modernicen la infraestructura sin comprometer los fondos públicos.
Este anuncio se complementa con la reciente activación de etapas previas que ya afectan a miles de kilómetros en el corazón productivo del país, abarcando provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El foco oficial está puesto en optimizar los accesos portuarios y los nodos de carga de larga distancia, dividiendo los corredores en unidades de negocio competitivas como los tramos Mediterráneo y Puntano. Con estas acciones, el Gobierno pretende reducir los costos logísticos nacionales y fomentar una competencia real que derive en mejores servicios para el transporte de mercancías y el tránsito particular.
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