AEA y la UIA reclamaron respeto ante las críticas de Javier Milei, rechazando la responsabilidad por las distorsiones económicas históricas. Aunque apoyan el equilibrio fiscal, advirtieron sobre la crisis en pymes y la pérdida de empleo industrial por la apertura.
Las principales cámaras empresariales del país han sentado una postura firme frente a los cuestionamientos vertidos por el Poder Ejecutivo durante el inicio de las sesiones legislativas. Tanto la Asociación Empresaria Argentina (AEA) como la Unión Industrial Argentina (UIA) emitieron pronunciamientos donde, si bien ratifican su apoyo al ordenamiento fiscal y a la lucha contra la inflación, subrayan que el respeto mutuo es un componente esencial para cualquier proceso de desarrollo. Los referentes del sector aclararon que las anomalías estructurales de la economía argentina no son producto del diseño empresarial, sino de décadas de políticas inconsistentes que ellos también debieron padecer.
La central fabril, en un extenso documento, destacó el peso estratégico de la industria en la soberanía nacional, recordando que el sector es responsable de casi un tercio de la recaudación tributaria y de millones de puestos de trabajo. En respuesta directa a las alusiones presidenciales sobre los costos de insumos como el acero o los textiles, la entidad argumentó que la adaptación a un mercado globalizado no puede ser un proceso instantáneo ni uniforme. Advirtieron que, mientras se celebra el equilibrio de las cuentas públicas, la realidad de las pymes es alarmante, con niveles de actividad que en ciertos rubros —como el automotriz y el de la indumentaria— muestran retrocesos críticos.
El malestar corporativo se produce en un escenario de fragilidad productiva, donde el uso de la capacidad instalada en las fábricas ha caído a niveles históricamente bajos, incluso por debajo de registros de la etapa pandémica. Desde la asunción de la actual gestión, la industria ha reportado la pérdida de 65.000 empleos registrados, una “sangría” que los empresarios vinculan a la falta de condiciones equitativas para competir con productos importados. Al rescatar el pensamiento de Carlos Pellegrini, la UIA envió un mensaje elocuente al Gobierno: el crecimiento no puede basarse únicamente en la exportación de materias primas, sino que requiere de un tejido manufacturero sólido que evite la erosión del capital social y humano del país.
Durante su ampliación de indagatoria, Sergio Schoklender afirmó que perdió patrimonio personal en el programa habitacional. Además, acusó a Aníbal Fernández de financiar el armado de causas judiciales contra el PRO mediante la fundación.
Tras una denuncia de la DAIA por amenazas de bomba en la Sinagoga Kehila, la Policía Federal Argentina imputó en Rosario a un joven de 24 años que decía integrar la organización ciberextremista internacional 764.
A pocos días de la primera vuelta electoral, ataques atribuidos al ELN en La Guajira y Norte de Santander elevan la tensión de una campaña marcada por amenazas a candidatos y la fragmentación de los grupos ilegales.
Durante el Día Mundial de Drácula, el director Pepe Cibrián recibió una distinción en la vereda del Teatro Alvear para celebrar los 35 años del mayor fenómeno de la comedia musical argentina.
Mediante una medida cautelar, el Juzgado Federal Número 2 de San Martín interrumpió la reestructuración del INTI. La decisión interrumpió la baja de prestaciones industriales y blindó los puestos de trabajo de la planta afectada.
La Confederación Sudamericana castigó con efecto inmediato al mediocampista de Independiente Matheo Benítez Machuca tras una denuncia del plantel de Brasil en Paraguay.
Cerró Granja Tres Arroyos su planta fabril en Entre Ríos y peligran 950 puestos de trabajo. La mayor productora avícola del país justificó la medida en los bloqueos sindicales, en medio de reclamos por salarios adeudados y millonarios cheques rechazados.
El organismo multilateral presentó un análisis técnico donde sugirió ampliar la base de trabajadores alcanzados por impuestos directos y unificar alícuotas del IVA para financiar la reducción de retenciones, proyectando una recaudación adicional de hasta 3,3% del PBI.
