El Senado aprobó la reforma con 40 votos y el debate pasa a Diputados. La ley vigente protege 16.968 cuerpos de hielo en todo el país. El nuevo proyecto abre la puerta a la minería en zonas hoy vedadas y transfiere a las provincias la potestad de definir qué se protege.
La Ley de Glaciares está en el centro de una batalla política, ambiental y económica que define buena parte de la agenda legislativa de 2026. El Senado aprobó el proyecto del Ejecutivo con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, y el debate pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde la oposición ya logró frenar el cronograma acelerado que pretendía el Gobierno y empujó el tratamiento a mediados de abril. Para entender por qué importa tanto, hay que empezar por el principio.
La ley vigente data de 2010 y define como glaciar a toda masa de hielo, estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior. En alta montaña, también protege el ambiente periglacial: las áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico. La norma prohíbe expresamente en esas zonas la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras de infraestructura que puedan alterar la dinámica natural del hielo y el almacenamiento de sustancias tóxicas.
Para individualizar esas reservas, la ley creó el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo del CONICET. Según ese inventario, Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo en 8.484 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a 41 veces la Ciudad de Buenos Aires. La inmensa mayoría se ubica en la Cordillera de los Andes. Estudios científicos registraron en la última década retrocesos significativos: en el noroeste argentino, por ejemplo, el hielo descubierto se redujo un 17% y los manchones de nieve perenne se contrajeron un 23%, con el cambio climático como principal factor.
Porque funcionan como tanques naturales de agua dulce: almacenan agua en forma de hielo y la liberan gradualmente a lo largo del año, especialmente en períodos de sequía, alimentando cuencas hidrográficas que abastecen a comunidades a cientos de kilómetros de distancia. “Los glaciares cubren menos del 0,25% de la superficie continental de Argentina, pero el agua que proveen alimenta ecosistemas y comunidades a cientos de kilómetros”, explicó Mariano González Roglich, director de WCS Argentina.
El proyecto del Ejecutivo modifica la lógica central de esa protección. El cambio más polémico es la redefinición del objeto de tutela: en lugar de proteger todos los glaciares y el ambiente periglacial, el nuevo texto acota esa protección a los cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva y relevante” para la recarga de cuencas. Quién define cuáles cumplen esa función ya no sería el IANIGLA con criterios científicos internacionales, sino técnicos designados por cada provincia según sus propios parámetros.
Esto invierte la lógica de los presupuestos mínimos ambientales que establece el artículo 41 de la Constitución Nacional, que le da al Congreso la potestad de fijar pisos de protección que las provincias no pueden reducir. Con la nueva norma, serían las propias provincias las que determinarían qué glaciares merecen resguardo y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas como la minería. Los expertos advierten que esto podría generar conflictos entre jurisdicciones por el acceso al agua.
Los defensores de la reforma sostienen que la protección actual del ambiente periglacial es demasiado amplia e “indefinida”, lo que permitiría bloquear proyectos mineros en zonas donde no existirían recursos hídricos realmente comprometidos. El Gobierno lo presenta como una medida de “federalismo ambiental”; las organizaciones ambientalistas, como una regresión inconstitucional que vulnera además el Acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió.
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