La Secretaria General de la Presidencia rompió su habitual silencio en redes para responderle al abogado de Pablo Toviggino, quién atinó a negociar.
La Secretaria General de la Presidencia rompió su habitual silencio en redes para responderle al abogado de Pablo Toviggino, quién atinó a negociar.
La tensión entre el Gobierno Nacional y la cúpula de la AFA alcanzó este miércoles su punto de máxima ebullición. Lo que comenzó como una estrategia de defensa jurídica en los tribunales de Comodoro Py, terminó en un durísimo cruce público que sepultó cualquier expectativa de una salida negociada entre la Casa Rosada y la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.
Todo se desencadenó cuando el abogado Gregorio Dalbón, tras la declaración del tesorero Pablo Toviggino ante el juez Diego Amarante, lanzó una acusación directa contra el “triángulo de hierro” oficialista. Según el letrado, la avanzada judicial es una maniobra de Santiago Caputo para “quedarse con la AFA” y forzar el desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Sin embargo, Dalbón intentó abrir una puerta diplomática al afirmar: “Esto es político y se va a terminar arreglando con Karina Milei“.
La respuesta de la Secretaria General de la Presidencia no se hizo esperar y fue inusualmente directa. A través de su cuenta en la red social X, Karina Milei rechazó cualquier tipo de componenda:
“Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”.
Con estas palabras, la funcionaria no solo ratificó la línea de “puntería cero” del Ejecutivo, sino que derivó toda la responsabilidad al Poder Judicial, marcando una distancia total con los dirigentes de la calle Viamonte. En sintonía, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, reforzó la postura institucional subrayando que la división de poderes “prohíbe cualquier intervención del Ejecutivo en causas judiciales”.
Más allá de la pirotecnia política, el trasfondo es una causa penal económica de alta sensibilidad. La ARCA (ex AFIP) actúa como querellante en una investigación por la falta de pago de sumas multimillonarias en concepto de Ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El delito investigado prevé penas de hasta seis años de prisión.
Mientras Toviggino optó por un mensaje místico en sus redes tras declarar —”La caída no define nuestra historia”, citó—, todas las miradas están puestas en el día de mañana, cuando el propio Claudio Tapia deberá comparecer ante la Justicia.
Tras las indagatorias, el juez Amarante deberá resolver la situación procesal de los imputados. Por su parte, la Cámara en lo Penal Económico tiene en sus manos la decisión de ratificar la investigación o cerrarla por “inexistencia de delito”, como reclama la defensa. Lo que ha quedado claro tras el mensaje de Karina Milei es que, de existir una resolución, no será en una oficina de Balcarce 50, sino en los despachos de los tribunales federales.
A casi un año y medio del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el expediente judicial no registra imputados ni citaciones a testigos clave. Mientras la Cámara Federal debe resolver la apelación de querellantes rechazados, el juez ordenó el congelamiento preventivo de cuentas.
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