Tras su investidura, el presidente José Antonio Kast decretó la instalación de obstáculos materiales en la frontera con Bolivia. La iniciativa busca combatir la inmigración clandestina mediante el despliegue militar, cumpliendo una promesa central para regularizar a la población extranjera.
Apenas concretada su investidura en el Palacio de La Moneda, el mandatario José Antonio Kast puso en marcha su plan de control territorial mediante una instrucción directa a las Fuerzas Armadas. El objetivo central de esta disposición es el levantamiento de obstáculos materiales en el límite con Bolivia, buscando neutralizar el tránsito de personas por pasos no habilitados. Durante la ceremonia de rúbrica de sus decretos iniciales, el jefe de Estado subrayó que el resguardo de la soberanía y la seguridad nacional son los pilares de este giro en la política migratoria del país andino.
La orden presidencial fue comunicada formalmente al General Pedro Varela, máxima autoridad del Ejército, a quien se le exigió un incremento sustancial en la dotación de efectivos destinados a la vigilancia de la zona norte. Esta movilización de recursos responde a la necesidad de implementar una infraestructura de contención que desincentive los cruces clandestinos. La medida se sustenta en estadísticas gubernamentales que señalan la presencia de más de 330.000 ciudadanos extranjeros en situación de irregularidad administrativa, un factor que Kast busca mitigar mediante la aplicación de estos nuevos protocolos de exclusión física.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.
Colectivos antimundialistas, estudiantes y docentes se enfrentaron con la policía fuera del Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial. Los disturbios, motivados por reclamos sociales y de seguridad, dejaron múltiples lesionados y tres detenidos en la capital mexicana.
El ministro de Defensa británico, John Healey, renunció por desacuerdos presupuestarios con el primer ministro Keir Starmer. Su salida, seguida por otras bajas en la cartera, debilita al gobierno laborista a días de una elección legislativa clave.
Venezuela otorgó una licencia a la empresa británica Shell para explotar y exportar gas en el campo Loran, inactivo por 23 años. La medida, enmarcada en una reforma legal tras cambios políticos, busca frenar pérdidas económicas y daños ambientales.
Michelle Bachelet defendió su candidatura a la secretaría general de la ONU en Ginebra, minimizando un posible veto de las potencias mundiales. Apoyada por Brasil y México, pero sin el respaldo del gobierno chileno, propuso una gestión independiente y ágil.
Casación rechazó un planteo de los presuntos presuntos testaferros de Pablo Toviggino para frenar el expediente por lavado de activos que involucra bienes vinculados a la dirigencia del fútbol argentino.
El arquero argentino sufrió una fractura menor en un dedo sobre el final de la temporada.
