El Departamento de Justicia estadounidense presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones, calificando las medidas de prueba solicitadas como “excesivamente intrusivas” contra un Estado soberano.
El Departamento de Justicia estadounidense presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones, calificando las medidas de prueba solicitadas como “excesivamente intrusivas” contra un Estado soberano.
En un avance estratégico para la defensa nacional, la Procuración del Tesoro de la Nación informó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) intervino formalmente en el litigio por la nacionalización de YPF.
Mediante un memorándum presentado ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, el organismo estadounidense manifestó su respaldo a la moción de emergencia interpuesta por la República Argentina.
El objetivo central de la presentación argentina es frenar el proceso de recolección de pruebas post-sentencia, conocido técnicamente como discovery. La moción, presentada originalmente el 6 de marzo, busca suspender “la etapa de producción de documentos (discovery), del requerimiento de sanciones y de la audiencia probatoria fijada entre el 21 y el 23 de abril de 2026”.
Este apoyo de la administración de Washington resulta fundamental, ya que valida la postura argentina frente a las exigencias de los beneficiarios del fallo, quienes buscan identificar activos embargables del Estado.
Uno de los puntos más contundentes del documento presentado por el Departamento de Justicia es la advertencia sobre el carácter de las medidas judiciales solicitadas por los demandantes. Según el DOJ, el proceso de discovery actualmente en curso “resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad”.
La justicia norteamericana subrayó que este tipo de presiones sobre un país no solo afectan el caso en cuestión, sino que sientan precedentes peligrosos. El texto oficial señala que estos requerimientos “puede generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos”.
El memorándum también introduce un principio de derecho internacional clave: la deferencia que los tribunales deben tener hacia las decisiones del Poder Ejecutivo argentino en términos de relaciones exteriores.
En este sentido, se instó al tribunal a considerar los efectos globales de sus decisiones y, dentro de ese marco, “otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior”.
Finalmente, la Procuración del Tesoro agradeció este respaldo y reafirmó su compromiso en la representación del Estado Nacional. El organismo aseguró que continuará trabajando con “rigor técnico y responsabilidad institucional, en defensa de los intereses de la República Argentina”, buscando una resolución que no comprometa la soberanía financiera del país.
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