La Casa Rosada prepara una respuesta judicial para frenar las denuncias por los préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación. El oficialismo sostiene que las operaciones de hasta $510 millones fueron lícitas y descarta privilegios para los integrantes del gabinete.
Tras la filtración de una lista de funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza que accedieron a créditos millonarios, el Gobierno nacional alista una respuesta técnica y legal. El objetivo es desactivar las sospechas de la oposición sobre la relación entre los ingresos declarados y los montos otorgados.
Funcionarios bajo la lupa:
Pedro Inchauspe (BCRA): Lidera la lista con un pasivo de $510 millones.
Felipe Núñez (BICE): Registra una deuda inicial de $373 millones.
Federico Furiase (Finanzas): Accedió a un préstamo de $367 millones.
Juan Pablo Carreira (Twitter/Gobierno): Obtuvo $113 millones.
El secretario de Hacienda, Pablo Quirno, y el ministro Luis Caputo encabezaron la defensa pública. Argumentan que los créditos se gestionaron por canales estándar, cumpliendo con el requisito de cobrar el sueldo en la entidad. “No hay un solo crédito mal otorgado”, afirmaron desde el entorno de Darío Wasserman, vicepresidente del BNA, tras auditar los expedientes el fin de semana.
Por su parte, Guillermo Madero (Jefe de Gabinete de Defensa), beneficiario de $207 millones, aseguró que realizó el trámite vía web “sin privilegios” para su primera propiedad. El Gobierno sostiene que los montos elevados están respaldados por garantías hipotecarias y codeudores.
A pesar de la defensa cerrada, el caso ya provocó la salida de Leandro Massaccesi del Ministerio de Capital Humano. La ministra Sandra Pettovello decidió desplazarlo tras conocerse su crédito, una medida que generó ruidos internos en el Ejecutivo por la falta de un criterio uniforme ante la situación de otros funcionarios.
Desde el oficialismo sospechan que la difusión de estos datos busca frenar el plan de capitalización privada del 20% del Banco Nación y su eventual cotización en la Bolsa de Nueva York. La información técnica será presentada ante la Justicia para responder a las denuncias de los diputados Esteban Paulón y Mónica Frade.
Los animales domésticos cobijados durante el confinamiento alcanzan los siete años. Un estudio global revela la falta de controles preventivos por parte de los tutores, mientras los especialistas recomiendan mantener rutinas fijas y visitas periódicas para garantizar su bienestar cognitivo y físico.
La reconocida escritora argentina debuta en la lírica con una pieza musicalizada por Oscar Strasnoy. La obra aborda la vejez, el deseo y la locura a través de tres parejas que retratan las distintas etapas de una misma relación.
Una pareja de adultos mayores con vivienda propia en la Ciudad de Buenos Aires necesitó $1.577.435 en abril para cubrir sus necesidades básicas. Los aumentos en alimentos, transporte y medicamentos continúan presionando con fuerza los ingresos de los sectores pasivos.
Las ventas de alimentos, bebidas y artículos de limpieza sufrieron una fuerte contracción interanual del 3,8% durante abril. Según consultoras privadas, el derrumbe golpeó con mayor dureza a las grandes cadenas de supermercados, pese a la desaceleración de la inflación general.
El Poder Ejecutivo ingresó al Senado la iniciativa para eliminar los octógonos negros de los envases de alimentos. El oficialismo libertario carece de mayoría propia y necesitará tejer alianzas con bloques provinciales y gobernadores para revertir la normativa.
La autoridad monetaria adquirió 112 millones de dólares en la última jornada cambiaria. Impulsadas por un desembolso clave del FMI, las reservas brutas rozaron los 48.000 millones de dólares, superando la marca máxima previa alcanzada durante la gestión de Javier Milei.
El presidente boliviano Rodrigo Paz revocó la ley que limitaba los estados de excepción. Tras la aprobación del Congreso, las Fuerzas Armadas saldrán a las calles para contener la cuarta semana de masivas protestas sociales que exigen la renuncia del mandatario.
El juez Santiago Pedraz ordenó el requerimiento de documentación en la histórica sede de Madrid. Investigan si se usaron facturas falsas para financiar campañas de desprestigio contra los magistrados que acusan al oficialismo.
