Los datos del INDEC al cierre de 2025 exponen una pirámide social donde la brecha de género y la informalidad laboral siguen siendo los principales factores de exclusión
Los datos del INDEC al cierre de 2025 exponen una pirámide social donde la brecha de género y la informalidad laboral siguen siendo los principales factores de exclusión
Para integrar el selecto grupo del 10% con mayor poder adquisitivo en la Argentina, un hogar necesita percibir ingresos mensuales por encima de los $3.644.000. El dato, desprendido del último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el cuarto trimestre de 2025, no es solo una cifra estadística; es un espejo que desnuda las profundas fracturas de una estructura social cada vez más fragmentada.
Dentro de este decil superior, la heterogeneidad es la norma. Mientras que el piso para entrar es de 3,6 millones, el techo se dispara hasta los $25.900.000, con un ingreso promedio que se sitúa en los $5.621.438. Esta dispersión interna dentro de la “élite” económica sugiere que incluso entre quienes más ganan, la concentración de la riqueza se agudiza en la cúspide más estrecha.
En el extremo opuesto, la realidad es alarmante. El primer decil —el 10% de los hogares con menores recursos— sobrevive con un promedio de apenas $374.278 por grupo familiar. Esta distancia abismal no es un fenómeno caprichoso, sino el resultado de variables estructurales que el informe permite analizar con ojo crítico: el género, la formalidad laboral y el origen del sustento.
La brecha de género persiste como una herida abierta en el mercado de trabajo. Según el relevamiento, los hombres percibieron un ingreso promedio de $1.191.364, mientras que las mujeres alcanzaron los $838.336. Esta disparidad se traduce en una menor capacidad de ahorro y mayor vulnerabilidad para los hogares encabezados por mujeres, un patrón que se repite a lo largo de toda la escala.
A esto se suma la distorsión que genera la precariedad laboral. Un asalariado con aportes jubilatorios gana, en promedio, $1.321.353, prácticamente el doble que un trabajador no registrado, cuyo ingreso medio cae a los $651.484. Esta brecha confirma que la informalidad sigue siendo el principal motor de la pobreza y la exclusión en el país, condenando a millones a ingresos que ni siquiera alcanzan la mediana de la población ocupada, fijada en $800.000.
Un punto que invita al análisis neutral es la evolución del Coeficiente de Gini. El indicador, que mide la desigualdad (donde 0 es igualdad total y 1 es desigualdad máxima), registró una leve mejoría al pasar de 0,430 a 0,427 en términos interanuales. Si bien técnicamente la desigualdad se redujo de forma marginal, este fenómeno puede responder más a un estancamiento generalizado de los ingresos medios que a una redistribución genuina de la riqueza.
La composición del ingreso también arroja luz sobre la fragilidad del sistema. En promedio, los ingresos laborales representan casi el 80% del presupuesto familiar. Sin embargo, en los hogares más pobres, la dependencia de ingresos no laborales —jubilaciones, pensiones o asistencia estatal— escala al 67,7%. En contraste, en el decil más alto, apenas el 12,3% proviene de fuentes externas al trabajo o rentas propias.
En definitiva, los números trazan un mapa de un país donde el ingreso promedio general ronda el millón de pesos, pero donde la autonomía económica está directamente ligada a la posición en una pirámide cuya base sigue siendo alarmantemente ancha y dependiente. La brecha de 13 veces entre los extremos de la distribución per cápita familiar es el recordatorio más crudo de que la equidad sigue siendo la gran asignatura pendiente de la economía argentina.
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