Tasas aeroportuarias, el alza del 60% en el crudo y nuevos gravámenes locales perfilan un 2026 de costes récord para los viajeros, mientras ciudades como Barcelona y Toledo endurecen sus políticas de control de flujos.
Tasas aeroportuarias, el alza del 60% en el crudo y nuevos gravámenes locales perfilan un 2026 de costes récord para los viajeros, mientras ciudades como Barcelona y Toledo endurecen sus políticas de control de flujos.
El sector turístico español enfrenta un escenario de contrastes durante el primer cuatrimestre de 2026. A pesar de una escalada sin precedentes en los costes operativos y la presión fiscal, las previsiones de llegada de viajeros mantienen una tendencia al alza.
El Ministerio de Industria estimó a inicios de 2026 la llegada de 26 millones de turistas internacionales, una cifra proyectada antes del agravamiento de las crisis geopolíticas en Oriente Próximo, México y Cuba.
La ofensiva militar entre Estados Unidos e Irán provocó un incremento del precio del petróleo del 35% en su primera semana, acumulando un alza del 60%. Este fenómeno impactó directamente en la estructura de costes de la industria, donde la energía representa entre el 20% y el 30% de los gastos operativos de los hoteles y una fracción superior en el transporte aéreo.
Paralelamente, el gestor aeroportuario Aena aplicó una subida en sus tarifas que repercutió en el precio final de los billetes. Según Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, este no es el momento de imponer más gravámenes a los consumidores, dada la inestabilidad internacional actual.
La presión fiscal se intensificó en los destinos de mayor demanda. En Barcelona, a partir del 1 de abril, los turistas que opten por hoteles de cinco estrellas pagarán una tasa turística combinada de 15 euros por día.
Para una familia de cuatro integrantes que pernocte una semana en la capital catalana, el sobrecoste superará los 300 euros. El ayuntamiento destinará el 25% de estos ingresos a políticas de vivienda y el resto al fomento del turismo y la desestacionalización.
Otras ciudades adoptaron medidas con fines disuasorios. Toledo, pionera en la gestión de flujos, recaudó 2,1 millones de euros en 2025 mediante una tasa a los excursionistas que llegan en autobús y no pernoctan. Además, la nueva ordenanza municipal limitó los grupos a 30 personas y sustituyó los megáfonos por auriculares para reducir el impacto acústico en el centro histórico.
Desde Exceltur, su vicepresidente ejecutivo Oscar Perelli cuestionó la eficacia de estas medidas. El directivo sostuvo que las tasas recaudatorias no demostraron un efecto disuasorio en los últimos años y abogó por una gestión eficiente de los espacios públicos en lugar de penalizaciones económicas.
Por su parte, el director general de Destinia, Ricardo Fernández, anticipó que la inestabilidad en destinos competidores podría derivar en un incremento adicional de la demanda hacia España, lo que obligará a los municipios a balancear con mayor rigor su capacidad de carga.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
