El fiscal Franco Picardi llamó nuevamente a indagatoria a Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini en el marco de una investigación que revela maniobras de corrupción articuladas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La pesquisa abarca el periodo comprendido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Según la fiscalía, estas maniobras implicaron una erogación ilegal de $75.478.149.019 del erario estatal en favor de un reducido grupo empresarial. El esquema delictivo habría afectado directamente al Programa Federal “Incluir Salud” y a beneficiarios de pensiones no contributivas, un colectivo de alta vulnerabilidad.
Modus operandi: El fiscal sostiene que se manipularon compulsas de precios de insumos médicos de alto costo mediante el sistema SIIPFIS.
Roles: Funcionarios de la Andis habrían facilitado claves de usuario a empresarios para que ingresaran directamente al sistema administrativo y direccionaran las contrataciones.
Magnitud: Se estima que más de 20 empresarios y 30 firmas formaron parte de este entramado gestionado como una “verdadera ventanilla” discrecional.
Los jefes de la asociación ilícita
La justicia identificó a cuatro líderes principales de esta estructura, quienes ya cuentan con procesamientos y embargos millonarios:
| Nombre | Cargo/Rol | Embargo Trabado |
| Diego Spagnuolo | Extitular de Andis | $202.828.725.464 |
| Daniel Garbellini | Exnúmero dos de Andis | $202.247.451.393 |
| Miguel Ángel Calvete | Empresario y Lobbista | $203.072.992.394 |
| Pablo Atchabahian | Exdirector de Salud | $202.247.451.393 |
Nuevas citaciones y avance judicial
La nueva ronda de indagatorias incluye a otras 27 personas, entre las que se encuentran empresarios y directivos vinculados a los proveedores beneficiados. Entre los citados figuran nombres como Emilio Olguin, Claudio Kahn, Gerardo Angarami y varios integrantes de la familia Sagués, entre otros.
Spagnuolo, quien fuera la máxima autoridad del organismo durante la gestión de Javier Milei, ya está procesado por cohecho pasivo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. La causa, iniciada bajo el juez Sebastián Casanello, se encuentra actualmente bajo la órbita del juez Ariel Lijo.