Un recurso extraordinario elevado a la Corte Suprema pone en suspenso el pago inmediato a las universidades nacionales, en el marco de la disputa por la aplicación de la Ley 27.795 de financiamiento universitario.
Un recurso extraordinario elevado a la Corte Suprema pone en suspenso el pago inmediato a las universidades nacionales, en el marco de la disputa por la aplicación de la Ley 27.795 de financiamiento universitario.
La administración nacional formalizó su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para evitar el cumplimiento de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. El recurso extraordinario federal, firmado por el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, busca revocar la medida cautelar que obliga al Estado a actualizar salarios docentes y becas estudiantiles de forma inmediata.
El Ejecutivo argumentó que la aplicación de la norma generaría un “colapso financiero“. Según el Ministerio de Capital Humano, cumplir con el fallo judicial requeriría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios. En el escrito, el Gobierno advirtió que esto derivaría en la suspensión de servicios esenciales, como el patrullaje de fuerzas federales y la provisión de alimentos en cárceles.
La estrategia oficial también incluyó un cuestionamiento a la imparcialidad del tribunal. El Gobierno solicitó que los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de intervenir, debido a su condición de docentes universitarios. En su lugar, pidió la conformación de un tribunal con conjueces para garantizar la objetividad del fallo.
Desde el ámbito judicial, la Sala III de la Cámara Federal había desestimado previamente los argumentos oficiales. Los camaristas sostuvieron que el Gobierno no puede suspender una ley posterior apoyándose en normas de responsabilidad financiera anteriores.
Pese a la apelación, fuentes de la Casa Rosada reconocieron que la obligación de transferir 2,5 billones de pesos ya se encuentra vigente, dado que el recurso no tiene efecto suspensivo automático.
El conflicto se desarrolla en un contexto de fuerte tensión social. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reportó una caída real del 45,6% en las transferencias entre 2023 y 2026. Ante la falta de pagos, sectores académicos ya analizan la convocatoria a una nueva movilización masiva, similar a la ocurrida en abril de 2024.
La resolución definitiva queda ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si acepta el caso como una cuestión de gravedad institucional o si mantiene la obligatoriedad del desembolso. ¿Logrará el Ejecutivo sostener el equilibrio fiscal frente a una ley ratificada por el Congreso y avalada por la Justicia?
La aerolínea Flybondi se presentó en concurso preventivo tras acumular deudas por más de $600.000 millones y paralizar sus vuelos. Pese a la severa crisis contable y la pérdida de flota, la compañía busca reestructurarse para volver a operar.
Diego Santilli inició negociaciones con gobernadores dialoguistas para juntar votos y suspender las PASO en el Senado. El Gobierno ofrece acuerdos electorales provinciales a cambio del respaldo parlamentario para reformar el sistema de votación antes de las elecciones.
Ricardo Diab mantuvo un encuentro con el Sumo Pontífice, quien realizará su primer viaje apostólico a la Argentina el mes próximo.
El gobernador Sergio Ziliotto envió un proyecto a la Legislatura pampeana para limitar la venta de tierras rurales a extranjeros al 15%. La medida prohíbe enajenar recursos naturales estratégicos ante la falta de regulación nacional por el DNU.
El Pentágono transmitirá en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, autor de la matanza de 13 soldados en Fort Hood en 2009. Será la primera ejecución militar de este tipo en Estados Unidos desde 1945.
Un aluvión de barro y piedras golpeó a Las Condes en Santiago de Chile tras lluvias torrenciales. La saturación de los suelos, colectores obstruidos por basura y la erosión por incendios veraniegos provocaron el desastre en la precordillera.
El argentino no pudo sumar puntos en las últimas dos fechas, que fueron en Azerbaiyán y Malasia.
La defensa de Ariel García Furfaro pidió anular la pericia clave del fentanilo contaminado que causó 90 muertes. Argumentó faltas procesales, anomalías en la bioseguridad del laboratorio privado y la quiebra de la cadena de custodia de las muestras.
