el Gobierno va a la Corte para frenar pago a universidades

Un recurso extraordinario elevado a la Corte Suprema pone en suspenso el pago inmediato a las universidades nacionales, en el marco de la disputa por la aplicación de la Ley 27.795 de financiamiento universitario.

Gabinete nacional analiza impacto fiscal de ley de financiamiento universitario. Foto: NA.

La administración nacional formalizó su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para evitar el cumplimiento de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. El recurso extraordinario federal, firmado por el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, busca revocar la medida cautelar que obliga al Estado a actualizar salarios docentes y becas estudiantiles de forma inmediata.

El Ejecutivo argumentó que la aplicación de la norma generaría un “colapso financiero“. Según el Ministerio de Capital Humano, cumplir con el fallo judicial requeriría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios. En el escrito, el Gobierno advirtió que esto derivaría en la suspensión de servicios esenciales, como el patrullaje de fuerzas federales y la provisión de alimentos en cárceles.

La estrategia oficial también incluyó un cuestionamiento a la imparcialidad del tribunal. El Gobierno solicitó que los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de intervenir, debido a su condición de docentes universitarios. En su lugar, pidió la conformación de un tribunal con conjueces para garantizar la objetividad del fallo.

Desde el ámbito judicial, la Sala III de la Cámara Federal había desestimado previamente los argumentos oficiales. Los camaristas sostuvieron que el Gobierno no puede suspender una ley posterior apoyándose en normas de responsabilidad financiera anteriores.

Pese a la apelación, fuentes de la Casa Rosada reconocieron que la obligación de transferir 2,5 billones de pesos ya se encuentra vigente, dado que el recurso no tiene efecto suspensivo automático.

El conflicto se desarrolla en un contexto de fuerte tensión social. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reportó una caída real del 45,6% en las transferencias entre 2023 y 2026. Ante la falta de pagos, sectores académicos ya analizan la convocatoria a una nueva movilización masiva, similar a la ocurrida en abril de 2024.

La resolución definitiva queda ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si acepta el caso como una cuestión de gravedad institucional o si mantiene la obligatoriedad del desembolso. ¿Logrará el Ejecutivo sostener el equilibrio fiscal frente a una ley ratificada por el Congreso y avalada por la Justicia?

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