Autoridades judiciales de Santa Cruz imputaron por reducción a servidumbre y lesiones graves a una mujer y su pareja en Pico Truncado, luego de que una menor de 7 años escapara de su hogar para solicitar auxilio.
Autoridades judiciales de Santa Cruz imputaron por reducción a servidumbre y lesiones graves a una mujer y su pareja en Pico Truncado, luego de que una menor de 7 años escapara de su hogar para solicitar auxilio.
Una investigación judicial por vulneración de derechos de las infancias derivó en la detención de una mujer y su pareja en la localidad santacruceña de Pico Truncado. El caso se inició el pasado 28 de mayo en una vivienda del barrio 400 Viviendas, cuando una niña de 7 años escapó del inmueble tras arrojarse desde una ventana del primer piso. Una vez en la vía pública, la menor alertó a los habitantes de la zona sobre la situación de encierro en la que permanecía junto a su hermano de 5 años.
La intervención de los residentes del sector permitió notificar de forma inmediata al Área de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Este organismo activó los protocolos de contingencia y retiró a los menores del domicilio.
Ambas víctimas ingresaron de urgencia al centro de salud local, donde el personal médico constató cuadros de desnutrición severa, anemia y parasitosis, compatibles con un escenario de abandono prolongado.
El expediente penal, que se tramitó bajo estricto hermetismo durante un mes, sumó pericias psicológicas, declaraciones en Cámara Gesell e informes interdisciplinarios.
Paralelamente, los investigadores analizaron los registros de los dispositivos de videovigilancia localizados en el interior del inmueble. Fuentes ligadas al proceso calificaron el escenario como uno de los hechos de violencia intradomiciliaria más severos registrados en la provincia austral.
En el plano testimonial, una familiar directa de las víctimas denunció que los hermanos permanecían confinados en una habitación y privados de raciones alimentarias elementales. Según su declaración pública, los niños subsistían bajo un esquema de castigos físicos y restricciones extremas para la utilización de las dependencias de la casa.
La Fiscalía interviniente dispuso la detención de los adultos a cargo del cuidado de las víctimas. Los sospechosos afrontan imputaciones provisorias por los delitos de reducción a servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones graves y abandono de persona agravado por el vínculo. La acusación formal sostiene que los implicados ejercían un control restrictivo sobre el desarrollo de los menores, aislándolos de su entorno social y familiar.
Actualmente, los hermanos reciben asistencia integral médica y psicológica dentro de los dispositivos de resguardo del sistema estatal de protección de la niñez.
El proceso penal pone de manifiesto la complejidad de detectar dinámicas de violencia extrema cuando estas se desarrollan bajo regímenes de aislamiento estricto y control tecnológico interno.
Frente a escenarios donde los canales habituales de supervisión escolar o familiar quedan anulados por los cuidadores, cabe analizar qué mecanismos comunitarios o institucionales resultan eficientes para advertir de forma temprana la vulneración de derechos fundamentales en el ámbito privado.
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