La justicia federal inició una serie de medidas de prueba para determinar la legalidad de contratos millonarios vinculados a la consultora de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete. El juez Ariel Lijo solicitó expedientes sobre licitaciones de software y la concesión de Tecnópolis ante la sospecha de presuntos beneficios a empresas clientes.
La situación administrativa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo frente de análisis en los tribunales de Comodoro Py. El juez Ariel Lijo, a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, ordenó recolectar documentación técnica y administrativa para clarificar si existió algún tipo de irregularidad en las contrataciones de servicios de mensajería masiva y en la gestión del predio de Tecnópolis. El foco de la investigación, en la que interviene el fiscal Carlos Stornelli, busca determinar si las empresas adjudicatarias de contratos estatales guardan relación comercial con la consultora privada +Be, propiedad de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti.
Requerimiento de expedientes: Se solicitó a la Jefatura de Gabinete el envío de toda la documentación sobre una licitación de software por $3.650 millones.
Eje Tecnópolis: La justicia analiza la concesión del predio por 25 años, gestionada por la AABE, organismo que depende del área de Adorni.
Entramado societario: Se pidieron legajos a la IGJ de siete firmas tecnológicas para verificar si hubo una simulación de competencia en las compulsas de precios.
Vínculos comerciales: La denuncia menciona que firmas como National Shipping (proveedora de YPF) y Grupo Foggia serían clientes de la consultora de Angeletti.
La investigación busca arrojar luz sobre un presunto esquema de “ventanillas cruzadas”, donde empresas que brindan servicios al Estado también contratarían asesorías privadas con el entorno del jefe de Gabinete. Uno de los puntos que despertó la atención del fiscal Stornelli es el aumento en los costos de mensajería SMS para el Estado, que habrían pasado de USD 0,045 a USD 0,076 por unidad. El magistrado busca confirmar si estos valores se ajustan a los precios de mercado o si existieron condiciones diseñadas para favorecer a proveedores específicos.
En cuanto a la concesión de Tecnópolis, la justicia federal intenta clarificar las condiciones del negocio valuado en $183,3 millones. Dado que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Jefatura de Gabinete, la denuncia sugiere un posible conflicto de intereses que el juez Lijo pretende dilucidar mediante el análisis de los pliegos y las actas de adjudicación.
Para avanzar en el caso, Lijo solicitó a la Inspección General de Justicia los legajos de un holding de empresas tecnológicas, bajo la sospecha de que podrían formar parte de un mismo entramado empresarial a pesar de presentarse como competidoras. La justicia quiere saber si existe una cartelización de servicios y si los accionistas de estas firmas tienen vínculos con funcionarios públicos, lo que configuraría una falta a la ética y transparencia administrativa.
A diferencia del expediente por enriquecimiento ilícito que investiga el patrimonio personal de Adorni, esta causa se centra exclusivamente en el proceso de las contrataciones públicas. La recolección de pruebas enviadas por la Oficina Nacional de Contrataciones será vital para establecer si las licitaciones cumplieron con los estándares vigentes. Hasta el momento, el proceso se encuentra en una etapa de recolección informativa y no se han formulado imputaciones directas, mientras el Gobierno aguarda los resultados de las pericias para fijar una postura oficial.
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