El municipio de General Pueyrredon demolió los 165 puestos de la feria ubicada en la Rambla de Mar del Plata tras un allanamiento federal. La justicia investiga un esquema de alquileres informales de hasta $3 millones mensuales y apunta al Sindicato de Vendedores Ambulantes como responsable de la organización.
La postal más icónica de Mar del Plata cambió drásticamente esta semana. Tras una investigación de 15 meses liderada por el juez federal Santiago Inchausti, la justicia determinó que la feria conocida como “La Saladita de la Bristol” operaba sin autorización desde hacía años, funcionando bajo la fachada de una mutual vinculada al Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara). Durante el operativo, se secuestraron más de 8.000 prendas falsificadas valuadas en $500 millones. Inmediatamente después del allanamiento, el municipio procedió a la demolición total de las estructuras precarias que ocupaban ilegalmente 2.500 metros cuadrados del paseo costero.
El imputado: Walter Rivero, titular del Sivara local, está acusado de evasión tributaria y violación a la Ley de Marcas.
Cifras en negro: Las escuchas revelaron alquileres mensuales de entre $1 millón y $3 millones, cobrados sin ningún tipo de comprobante fiscal.
El operativo: Participó la Prefectura Naval y personal de ARCA. Se secuestraron vehículos de alta gama y grandes sumas de dinero en efectivo.
Origen: La ocupación comenzó legalmente en 1999 con un permiso por tres años, pero continuó de forma irregular durante más de dos décadas.
La investigación judicial echó luz sobre el oscuro manejo financiero de la feria. Según los testimonios de los propios puesteros, los pagos se realizaban en efectivo a personas identificadas solo por apodos, quienes vestían chalecos del Sivara y cumplían funciones de fiscalización. En una escucha clave, un comerciante recriminó a la administración el cobro de $9 millones por la instalación de un nuevo puesto. A pesar de manejar estos flujos millonarios, el principal investigado, Walter Rivero, figura como “No Inscripto” ante los organismos de recaudación nacional.
Para el municipio, que inició la denuncia bajo la gestión de Guillermo Montenegro, la feria representaba no solo una ocupación ilegal del espacio público, sino un riesgo edilicio y sanitario. Las instalaciones, expuestas al salitre y sin mantenimiento, contrastaban con el proyecto de renovación de la Unidad Fiscal Playa Bristol. El juez Inchausti, tras confirmar que los permisos estaban vencidos desde hacía años, autorizó al gobierno local a intervenir para “recuperar” la zona, lo que derivó en el uso de topadoras para despejar la rambla.
El desmantelamiento de la feria marca el fin de una era de informalidad protegida por el poder gremial. El Sivara emitió un comunicado rechazando la destrucción de los puestos y denunciando un perjuicio económico para las familias de los feriantes. Sin embargo, la justicia recolectó pruebas de que la organización movía transferencias de ocho cifras y utilizaba domicilios particulares para resguardar el dinero de los alquileres. Rivero, tras ser detenido brevemente, quedó en libertad pero con sus bienes y cuentas bajo inhibición.
Con el terreno despejado, la intendencia busca normalizar el paseo peatonal y avanzar en licitaciones que aseguren un comercio regulado frente al mar. Los restos de caños, chapas y cables que quedaron en el lugar tras el paso de los camiones municipales son el vestigio final de un negocio que, según los investigadores, vivía del tour de compras a La Salada y la evasión sistemática. La causa ahora se encamina a determinar la trazabilidad del dinero acumulado durante los últimos veranos, en lo que se considera una de las mayores cajas ilegales del comercio marplatense.
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