Un recorte superior al anunciado
El panorama en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) alcanzó un punto crítico tras la reunión entre el Consejo Directivo y funcionarios nacionales. El presidente del organismo, Miguel Romero, informó que el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado solicitó una reestructuración que implica la baja de más de 700 agentes.
Sin embargo, desde el seno de la institución advirtieron que la exigencia del Poder Ejecutivo podría elevar la cifra al doble, alcanzando los 1400 trabajadores afectados.
Romero manifestó su rechazo a la medida y aseguró que no firmará las desvinculaciones, al sostener que el compromiso inicial consistía en reducir servicios pero no en eliminar puestos de trabajo. Ante este escenario, los empleados convocaron a una jornada de protesta para este martes a las 10, frente a las puertas del instituto, para visibilizar el conflicto y defender la continuidad de sus tareas.
El repliegue del control estatal
La Resolución 42/2026 formalizó la cesación de 1.000 servicios sistematizados que el INTI brindaba a la industria y a la sociedad. Entre las prestaciones eliminadas figuran ensayos críticos para la seguridad alimentaria, como la detección de contaminantes y el análisis de aditivos.
También se desactivaron controles sobre medicamentos, específicamente la espectroscopia infrarroja, técnica que funciona como una huella química para evitar la circulación de fármacos falsificados o mal procesados.
El ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó la decisión al calificar al organismo como el “Instituto Nacional de Trabas Industriales”.
Según el funcionario, el Estado no debe financiar tareas que puede realizar el sector privado, como testear la durabilidad de productos comerciales, y argumentó que estos servicios operaban como subsidios indirectos para las empresas.