La Justicia federal investiga una red de lavado en Santiago del Estero que involucra a Pablo Toviggino. Empresas vinculadas al tesorero de la AFA habrían recibido $1.243 millones públicos y giros millonarios del fútbol mediante facturación apócrifa y cuentas puente.
La fiscalía federal, bajo la dirección de Pedro Simón, ha puesto bajo la lupa una compleja red de movimientos financieros que involucra a la firma SEGON SRL, empresa estrechamente ligada al entorno de Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). De acuerdo con el requerimiento de instrucción, la compañía habría percibido más de $1.243 millones provenientes de las arcas del Estado santiagueño en un lapso de dos años, destacándose una adjudicación para la vigilancia del Hospital Regional Ramón Carrillo. Sin embargo, los peritajes revelan que los desembolsos comenzaron meses antes de la formalización de los contratos y superaron ampliamente los montos licitados.
El dictamen judicial describe una operatoria financiera sospechosa en la que las cuentas bancarias de la empresa funcionaban como “puentes”. Los fondos públicos y giros provenientes de la AFA que ingresaban a la entidad crediticia provincial eran transferidos casi en su totalidad en un plazo menor a 48 horas, lo que, según la fiscalía, buscaba borrar la trazabilidad del dinero y ocultar el destino final de los activos. Esta dinámica se complementa con un crecimiento patrimonial exponencial: SEGON pasó de tener movimientos bancarios insignificantes en 2012 a registrar acreditaciones por más de $5.800 millones en 2024, un salto que los investigadores consideran carente de sustento comercial genuino.
La estructura del entramado societario se ramifica a través de SOMA SRL, firma que adquirió la mayoría del capital de SEGON y que es controlada por el hermano del tesorero de la AFA. El fiscal Simón identifica una “unidad de dirección” donde nombres recurrentes, como el de María Florencia Sartirana —pareja de Toviggino y exencargada de finanzas de la AFA—, aparecen como apoderados en diversas empresas del grupo. Esta red no solo habría captado fondos provinciales y municipales, sino que también facturó cifras multimillonarias a la AFA por servicios presuntamente inexistentes, declarándose fraudulentamente como pequeñas empresas para acceder a beneficios impositivos.
Finalmente, la investigación penal apunta a una asociación ilícita liderada por Toviggino, con la presunta connivencia del presidente de la AFA, Claudio Tapia, en la autorización de los giros. Las irregularidades se agravan con la inclusión de estas firmas en los registros de contribuyentes apócrifos de la autoridad tributaria y la detección de infracciones cambiarias por montos superiores a los 54 millones de dólares. Ante la gravedad de los hallazgos y los vínculos políticos locales, el fiscal ha solicitado el apartamiento del juez federal interviniente y la imputación de 25 personas por delitos que contemplan penas de cumplimiento efectivo.
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