Amnistía Internacional denunció que el aparato represivo en Venezuela persiste pese a la caída de Maduro. La organización sostiene que la ley de amnistía de Delcy Rodríguez se aplica discrecionalmente, manteniendo a cientos de presos políticos y centros de detención activos.
A pesar del cambio de mando y la captura de Nicolás Maduro a manos de fuerzas norteamericanas a principios de año, la estructura de coacción estatal en Venezuela permanece intacta. Así lo manifestó Valentina Ballesta, investigadora de Amnistía Internacional, durante la exposición de su balance global en Bogotá. Según la organización, el relevo en el poder no ha traído consigo una reforma estructural que garantice el fin de las tácticas de persecución utilizadas durante la gestión anterior, manteniendo a la ciudadanía en un estado de vulnerabilidad institucional.
Aunque la administración provisional, liderada por Delcy Rodríguez bajo la supervisión de Washington, ha promovido una ley de amnistía, los defensores de derechos humanos sostienen que no existe una voluntad real de desarticular el sistema de castigo político. La ONG recalca que, más allá de gestos simbólicos, las herramientas de vigilancia y represión siguen operativas bajo nuevas directrices.
Desde que Maduro fuera trasladado a una prisión en Nueva York el pasado 3 de enero, aproximadamente 700 individuos han recuperado su libertad. No obstante, las cifras del Foro Penal contrastan con el optimismo oficial, señalando que todavía permanecen encarcelados cerca de 500 prisioneros por motivos ideológicos. La crítica de Amnistía Internacional se centra en la naturaleza de la ley promulgada en febrero: al no ser un beneficio de ejecución automática, su aplicación queda supeditada al criterio de los tribunales.
Esta metodología permite, según Ballesta, una gestión discrecional de las liberaciones, donde el Ejecutivo interino decide quiénes acceden al perdón y quiénes deben continuar en prisión. Lejos de representar un “acto de grandeza”, como lo ha calificado Rodríguez, la organización percibe que se sigue utilizando la justicia como un filtro político para mantener el control sobre sectores específicos de la sociedad.
Uno de los anuncios más mediáticos de la presidencia encargada fue la clausura definitiva del Helicoide, centro de detención emblemático por las denuncias de tortura. Sin embargo, los reportes actuales indican que el recinto sigue en funcionamiento, contradiciendo el discurso de reconciliación nacional esgrimido por el nuevo gabinete. AI observa con preocupación que los recientes movimientos de piezas en el ministerio y las fuerzas de seguridad parecen buscar una consolidación de la autoridad más que una apertura democrática.
El informe anual de la entidad subraya que lo que ocurre en Venezuela se enmarca en una crisis global de protección a las libertades individuales. Durante el último año y lo que va de 2026, el organismo ha documentado un retroceso sistemático en los estándares de derechos humanos a nivel mundial, denunciando que los mecanismos internacionales de salvaguarda están sufriendo embates constantes que debilitan su capacidad de respuesta ante regímenes en transición.
Tras varios años en el mercado y una rebaja de casi 3 millones de dólares, la histórica “Casa Salvadori” vuelve a escena en el barrio más exclusivo de Buenos Aires a un valor de 6Usd millones.
El furor por las figuritas llega a la Argentina el 30 de abril con aumentos del 1.900% y un tamaño récord de 980 unidades.
Pagni advierte que Milei perforó su piso de aprobación (34%) debido a la recesión y el fin del relato de la “herencia”. Critica el diagnóstico oficial que culpa al periodismo, mientras el Gobierno recurre al estatismo financiero para sostenerse.
El Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores a garantizar las clases mediante planes de contingencia ante el paro docente. Desde la UBA, Emiliano Yacobitti denunció que el Gobierno incumple la ley de financiamiento y ratificó la marcha federal universitaria.
Comodoro Py inicia una nueva fase de indagatorias a 35 implicados por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se investiga una asociación ilícita que manipuló licitaciones millonarias de insumos médicos y medicamentos mediante empresas seleccionadas y el pago de sobornos.
La Justicia procesó a la cadena Día por presunta evasión previsional mediante contratos de franquicia falsos para ocultar relaciones laborales. Con un embargo de 800 millones de pesos, se investiga la falta de aportes de miles de empleados entre 2015 y 2018.
En la gala de la Fundación Libertad, Mauricio Macri afirmó que el populismo está llegando a su fin en la región. El exmandatario elogió el liderazgo de María Corina Machado y abogó por un calendario electoral que restaure la democracia en Venezuela.
El gremio docente de Río Negro convocó a un paro de 48 horas contra las auditorías médicas y el presentismo. Exigen un piso salarial de $2 millones y el fin de los descuentos por ausentismo aplicados por el gobierno provincial.
