El Ministerio de Capital Humano apelará la resolución dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que ordenó mantener la vigencia del programa Volver al Trabajo. La medida cautelar frenó la intención del Poder Ejecutivo de dar por finalizado este esquema de asistencia. El dictamen obliga a la administración nacional a sostener el pago mensual de $78.000 a más de 900 mil beneficiarios.
El argumento oficial
La cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello explicó, a través de un comunicado oficial, que el programa finalizó por haber cumplido el plazo de dos años previsto en su creación. Según el Gobierno, la intención era reconvertir estos recursos en un sistema de vouchers de capacitación laboral para facilitar la inserción en el empleo formal.
El Ministerio advirtió que la decisión judicial interfiere en el diseño de las políticas públicas y afecta la planificación presupuestaria. Las autoridades señalaron que el sostenimiento del plan original impedirá la implementación de la doble escolaridad en escuelas vulnerables y la entrega de los mencionados vouchers de formación.
Tensión de poderes
Fuentes oficiales consideraron que el fallo constituye una intromisión del Poder Judicial en la asignación de recursos estatales. No obstante, desde la Casa Rosada confirmaron que cumplirán con la orden del magistrado mientras avanza el proceso de apelación. El conflicto se originó tras una presentación realizada por cinco beneficiarios ante la Justicia Federal.
El rediseño que buscaba Capital Humano pretendía sustituir la transferencia directa de dinero por herramientas de inserción laboral y apoyo educativo. El Gobierno sostuvo que el esquema anterior perpetuaba el asistencialismo y que el nuevo enfoque buscaba intervenir sobre la pobreza estructural mediante la extensión de la jornada simple en el nivel primario.