El TOF 5 de San Isidro juzgará al entorno del exsenador Kueider por lavado de activos y falsificación. Pese a la resistencia de las defensas, que cuestionan la competencia territorial y la ausencia del líder, el tribunal iniciará el proceso.
El TOF 5 de San Isidro juzgará al entorno del exsenador Kueider por lavado de activos y falsificación. Pese a la resistencia de las defensas, que cuestionan la competencia territorial y la ausencia del líder, el tribunal iniciará el proceso.

El Tribunal Oral Federal 5 de la localidad de San Isidro ha sido formalmente asignado para llevar adelante el juicio contra la organización presuntamente liderada por el exsenador entrerriano. El cuerpo colegiado quedará bajo la conducción de la doctora María Claudia Morgese Martín, quien contará con la vocalía de los jueces Walter Benditti y Silvina Mayorga para analizar las pruebas recolectadas durante la etapa de instrucción. En este debate, seis individuos y cinco firmas comerciales deberán responder ante acusaciones por falsificación documental, alteración de estados contables y blanqueo de capitales, bajo la sospecha de haber operado como una estructura de cobertura para el patrimonio del exlegislador, cuya evolución patrimonial se encuentra bajo la lupa judicial por supuestos hechos de corrupción.
La investigación previa, encabezada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, apunta contra figuras del círculo íntimo de Kueider, tales como Javier Rubel y Daniel González, a quienes se les atribuye la gestión de sociedades pantalla destinadas a canalizar fondos de origen incierto. No obstante, el comienzo de las audiencias enfrenta una férrea resistencia por parte de los abogados defensores, quienes han planteado que la celebración del juicio es improcedente mientras la Corte Suprema de Justicia no resuelva un conflicto de competencia territorial entre los juzgados de San Isidro y Concordia. Asimismo, los representantes legales de los imputados sostienen que no es posible juzgar a los supuestos colaboradores sin haber indagado previamente al principal señalado, una postura que otros especialistas del fuero federal desestiman al considerar que la ausencia del cabecilla no impide procesar a los presuntos cómplices ya identificados.
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