Alejandra Mángano dictaminó que la presencia de Bettina Angeletti en el avión presidencial no generó gastos estatales. Sostuvo que la invitación fue un uso razonable de la discrecionalidad oficial y descartó irregularidades en el alojamiento neoyorquino.
La Fiscalía Federal N°12 solicitó al juez Daniel Rafecas el archivo de las actuaciones contra Manuel Adorni. La investigación buscaba determinar si existió malversación de caudales públicos por la inclusión de Bettina Angeletti, pareja del funcionario, en una gira oficial a Estados Unidos durante marzo pasado. Según el dictamen, la presencia de la mujer no representó erogaciones adicionales para el erario público.
La fiscal Mángano fundamentó su pedido en una serie de pruebas documentales que incluyeron informes de la Secretaría General de la Presidencia y la Jefatura de Gabinete.
El informe técnico sobre el avión presidencial Boeing 757-200 detalló que la aeronave posee 39 plazas, de las cuales solo se utilizaron entre 10 y 14 en los distintos tramos. En consecuencia, la fiscalía consideró que el traslado de Angeletti no alteró la finalidad pública del vuelo ni aumentó los costos operativos.
Respecto al alojamiento en Miami y Nueva York, los registros de las tarjetas corporativas indicaron que las habitaciones contratadas eran dobles. La justicia verificó que el valor del hospedaje fue el mismo que se habría pagado si el jefe de Gabinete hubiese viajado sin compañía. Además, el dictamen confirmó que no se liquidaron viáticos por movilidad o alimentación para la esposa del funcionario.
La investigación también puso el foco en el regreso de la comitiva. Mientras que el pasaje de Adorni costó 4.900 dólares y fue costeado por el Estado bajo la normativa para funcionarios de alta jerarquía, el ticket de Angeletti no fue emitido por la agencia oficial Optar S.A.U. ni pagado con fondos públicos. La fiscal concluyó que la decisión de invitar a un familiar directo entra en el umbral de las facultades del Poder Ejecutivo.
Mángano explicó que, al no existir un perjuicio patrimonial concreto ni un desvío de fondos, la conducta no encuadra en el artículo 260 del Código Penal. Sin embargo, la resolución final sobre el cierre del expediente depende ahora del juez Rafecas.
A pesar de este dictamen favorable, la situación judicial del jefe de Gabinete mantiene otros expedientes abiertos. El fiscal Gerardo Pollicita investiga un presunto enriquecimiento ilícito, donde se analizan declaraciones juradas y movimientos financieros recientes. Entre ellos, destaca la compra de una propiedad en Exaltación de la Cruz y una hipoteca por 100.000 dólares.
Paralelamente, el juez Ariel Lijo tramita una causa por supuestas dádivas vinculada a un viaje de la familia Adorni a Punta del Este en un avión privado. En este caso, se investiga si el costo fue cubierto por un periodista con contratos en la TV Pública.
El archivo de la causa por el viaje a Nueva York unifica un criterio sobre el uso del avión oficial, pero deja abierta la incógnita sobre el resto de las sospechas patrimoniales que rodean al funcionario.
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