Un adolescente de 16 años quedó imputado por abusar sexualmente de dos niñas de 4 y 5 años, mientras sus padres serían los encargados de distribuir las grabaciones desde Santiago del Estero; la investigación se originó en una alerta de un organismo estadounidense.
La justicia de Santiago del Estero desarticuló una organización familiar dedicada a la producción y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI) en el barrio Juan Díaz de Solís Ampliación. El operativo, denominado “Silencio Cero”, culminó con la detención de un hombre de 58 años, docente de Educación Especial, su esposa de 51 y su hijo de 16 años.
La investigación se originó a partir de un reporte de inteligencia digital enviado por un organismo especializado de Estados Unidos. El correo electrónico alertó sobre una dirección IP localizada en la capital provincial que generaba y traficaba contenidos ilícitos. Tras un año de seguimiento y tareas de tecnología forense, las autoridades identificaron la vivienda donde se cometían los delitos.
Durante un allanamiento que se extendió por siete horas, personal del Departamento Trata de Personas y peritos criminalísticos secuestraron dispositivos electrónicos, teléfonos celulares y computadoras. Paralelamente, los investigadores incautaron prendas de vestir pertenecientes a dos niñas de 4 y 5 años, quienes habrían sido las víctimas de los ataques grabados.
Las fiscales Érika Leguizamón, Yésica Lucas y Vanina Aguilera coordinaron el registro de la propiedad. Según las pericias iniciales, los abusos ocurrían en una habitación específica de la casa. El material recolectado será sometido a cotejos de ADN para confirmar la identidad de las menores que aparecen en los registros visuales, quienes ya reciben asistencia profesional.
La hipótesis principal del Ministerio Público Fiscal sostiene que el adolescente de 16 años cometía los abusos mientras sus padres realizaban reuniones de la fe umbanda. Estas ceremonias, que congregaban a adultos y niños del entorno, habrían servido como pantalla para facilitar el contacto con las víctimas sin levantar sospechas entre los vecinos o los propios familiares de las niñas.
El joven enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores y producción de material ilegal. Por su parte, R. D. P. y P. A. R., los padres del menor, fueron imputados por la tenencia, producción y distribución de dicho contenido. La jueza de Control y Garantías, Érika Casagrande Valdueza, autorizó las detenciones considerando la gravedad de que el material fuera de origen local.
La causa permanece bajo secreto de sumario mientras se analizan los dispositivos secuestrados y se cita a otros integrantes de la comunidad religiosa que asistían a la vivienda. El hallazgo de esta red local, detectada inicialmente desde el exterior, abre un interrogante sobre la eficacia de los mecanismos de protección infantil vigentes y la seguridad de los entornos sociales cercanos.
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