El Ejecutivo envió al Senado un centenar de pliegos judiciales que desataron una interna feroz en el Gobierno, bajo sospechas de pactos políticos y cuestionamientos por la idoneidad de los candidatos seleccionados.
El Ejecutivo envió al Senado un centenar de pliegos judiciales que desataron una interna feroz en el Gobierno, bajo sospechas de pactos políticos y cuestionamientos por la idoneidad de los candidatos seleccionados.

La elevación al Senado de más de cien pliegos para cubrir cargos estratégicos en la Justicia Nacional ha provocado un sismo dentro del oficialismo. La controversia principal radica en la inclusión de postulantes con vínculos directos a la agrupación Justicia Legítima o con antecedentes en administraciones kirchneristas.
Mientras el sector que responde a Santiago Caputo acusa un pacto con el peronismo, el entorno de Karina Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, defienden las designaciones alegando que se priorizó la capacidad técnica por sobre la ideología pasada de los funcionarios.
Uno de los nombres que mayor resistencia genera es el de Juan Manuel Mejuto, propuesto para un tribunal oral criminal. A pesar de figurar entre los fundadores de Justicia Legítima, desde el Gobierno aseguran que su participación fue involuntaria y que su carrera no refleja un sesgo militante.
En la misma línea se encuentran las candidaturas de Ángeles Ramos, Santiago Vismara y Pablo Matkovic, este último cuestionado por su pasado como asesor de Nilda Garré y su intervención en causas sensibles contra la Ciudad de Buenos Aires.
El Ministerio de Justicia insiste en que muchos de estos cargos corresponden a defensores oficiales, cuya labor no tendría una incidencia directa en los procesos judiciales de relevancia política.
Sin embargo, el conflicto excede la afinidad partidaria y se traslada al plano de la transparencia institucional. Diversas organizaciones civiles han detectado irregularidades en la conformación de las listas, señalando que al menos doce candidatos saltaron más de diez posiciones en el orden de mérito original tras las entrevistas personales.
Además, se advierte que veinte postulantes no deberían haber integrado las ternas finales según sus puntajes iniciales, lo que alimenta las sospechas sobre un manejo discrecional orientado a favorecer a figuras con conexiones familiares o políticas dentro del Poder Judicial.
En el trasfondo de esta disputa asoma una estrategia legislativa mayor vinculada a los dos tercios necesarios para designar a los futuros jueces de la Corte Suprema. Sectores aliados y críticos coinciden en que la selección de estos magistrados podría ser la moneda de cambio para garantizar los votos del peronismo en la Cámara Alta.
A pesar de la incomodidad que el tema genera en la mesa política de la Casa Rosada, donde se ha optado por evitar el debate abierto, la filtración de estos antecedentes revela una fractura expuesta entre las diferentes terminales de poder que hoy conviven en el Ejecutivo nacional.
La sospechosa, identificada como Analía Sabrina Olmedo, quedó envuelta en la causa y está a disposición de la Justicia.
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