Yacobitti cuestiona intimación del Gobierno a rectores

En medio de una semana de paro universitario, el Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores de las universidades nacionales para que garanticen el derecho a la educación, y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, rechazó el comunicado y convocó a una nueva movilización el 12 de mayo.

El Gobierno exige clases y Yacobitti ratifica el paro. Foto: NA.

El conflicto entre la administración central y las universidades nacionales alcanzó un nuevo pico de tensión tras la intimación enviada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias. El organismo, bajo la órbita de la ministra Sandra Pettovello, exigió a las autoridades académicas la presentación de planes de contingencia para asegurar el dictado de clases.

La medida surgió como respuesta a la semana de protesta convocada por gremios como la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que prevé paralizar las actividades durante seis días.

Desde el Poder Ejecutivo calificaron la situación como de “extrema preocupación” y vincularon el envío de fondos a la operatividad del sistema. Según el comunicado oficial, el sostenimiento financiero exige que se proteja el derecho de aprender de los estudiantes, a quienes definieron como víctimas de las medidas de fuerza.

En este contexto, solicitaron el uso de herramientas virtuales y reprogramaciones para evitar que los alumnos pierdan la regularidad o las mesas de examen.

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), rechazó los cuestionamientos oficiales y sostuvo que el Gobierno nacional desarticula el sistema educativo.

El dirigente radical manifestó que la actual gestión incumple la Ley de Financiamiento Universitario, norma que contó con el respaldo de mayorías especiales en el Congreso y fue ratificada por instancias judiciales. El contador público señaló que los salarios de profesores e investigadores perdieron casi la mitad de su valor real desde el inicio del actual mandato.

La disputa se trasladó también al terreno de las prioridades fiscales. El vicerrector argumentó que el problema no radica en el déficit presupuestario, sino en una decisión política.

En sus declaraciones, contrastó el costo de la ley universitaria, estimado en el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI), con la reducción de impuestos a sectores de mayor patrimonio, como el gravamen a los bienes personales.

El escenario de confrontación se encamina hacia una nueva movilización federal. Las federaciones docentes y las autoridades académicas ratificaron la convocatoria para el martes 12 de mayo. La protesta buscará repetir la masividad de marchas anteriores en reclamo de una recomposición salarial urgente, en un marco donde los cargos de dedicación exclusiva no alcanzan a cubrir la canasta básica.

La persistencia del conflicto plantea una interrogante sobre la viabilidad del calendario académico y la resolución de la puja judicial. ¿Podrá el sistema universitario sostener su calidad operativa mientras el financiamiento y la paritaria docente sigan estancados en los tribunales?

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