El fin de la ley de amnistía en Venezuela deja a cientos de presos políticos sin libertad, tras excluir delitos de rebelión. Aunque hubo excarcelaciones parciales, activistas denuncian una selección arbitraria y el mantenimiento de detenidos como rehenes de negociación.
La reciente clausura de la normativa de gracia en Venezuela, dictada por la administración de Delcy Rodríguez, ha transformado el optimismo inicial en una profunda sensación de desamparo para los familiares de los detenidos. Aunque el oficialismo defiende la efectividad de la medida alegando más de ocho mil beneficiarios, las cifras de las organizaciones civiles exponen una realidad distinta: la gran mayoría de los favorecidos ya gozaba de libertad condicional, mientras que la cantidad de excarcelaciones efectivas apenas supera el centenar según auditorías independientes.
El fin de este beneficio procesal ha dejado fuera de su alcance a los prisioneros vinculados a eventos de alta sensibilidad política para el chavismo. Acusaciones relativas a la “Operación Libertad” de 2019 o la “Operación Gedeón” de 2020 han sido catalogadas como delitos de rebelión o conspiración, categorías que la ley evitó subsanar deliberadamente. Esta selectividad también ha afectado a figuras del activismo civil, periodistas y líderes sindicales, quienes permanecen bajo la vigilancia de tribunales o en centros de reclusión como El Rodeo, bajo condiciones que sus allegados describen como inhumanas.
Desde instituciones como Provea y Justicia, Encuentro y Perdón, se señala que la ley nació con una “falla de origen” al ignorar los delitos políticos más urgentes de resolver en un proceso de reconciliación. Expertos legales sugieren que la interrupción del beneficio podría ser un síntoma del fracaso de la norma, dejando la puerta abierta a una nueva etapa de persecución dirigida. Advierten, además, que el régimen utiliza a los prisioneros como “rehenes” para negociar cuotas de legitimidad en momentos de asfixia internacional, manteniendo un subregistro de casos que el miedo impidió documentar previamente.
La gestión de esta apertura, acelerada tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, refleja las tensiones dentro del oficialismo. Mientras un sector moderado del PSUV intenta proyectar una imagen de convivencia y diálogo a través de figuras como Jorge Rodríguez, el ala más ortodoxa del partido se mantiene firme en una postura de “cero impunidad”, rechazando cualquier concesión que pueda interpretarse como debilidad. Pese a que se han anunciado canales alternativos para procesar las solicitudes restantes, el panorama para los casi 700 presos políticos documentados sigue siendo sombrío, marcando un límite difuso entre la transición democrática y la supervivencia del antiguo aparato represivo.
Frente a las contradicciones sobre el paradero de 13 toneladas de oro del Banco Central, senadores opositores reclamaron la citación urgente de Santiago Bausili al Congreso para transparentar el traslado, custodios y contratos de las reservas en el exterior.
Se trata de una jornada que invita a leer todo el año y a celebrar con un evento para disfrutar de la lectura en comunidad.
Durante la octava audiencia por el crimen en Villa Lugano, la hija de Cristian Díaz reclamó justicia y negó conflictos previos con Cristian “Pity” Álvarez, mientras peritos confirmaron que el músico disparó a corta distancia y estaba consciente.
Donald Trump rechazó este lunes fijar regulaciones a la inteligencia artificial frente a los reclamos de líderes tecnológicos. El mandatario sostuvo en redes sociales que su liderazgo garantiza la seguridad sin ceder ventaja competitiva ante China.
El Presidente encabezó en la Casa Rosada un encuentro con los 95 diputados y 21 senadores de La Libertad Avanza para ordenar la agenda del Presupuesto 2027, el proyecto sobre Malvinas y la reforma electoral.
La herramienta de inteligencia artificial de OpenAI permite transformar cualquier retrato actual en una imagen con estética analógica de 1985. Solo se necesita subir una foto clara y usar un comando específico para modificar el peinado, la ropa y el entorno.
La Justicia Penal Económica recibió una denuncia contra pesqueras internacionales por operar en el mar argentino con permisos británicos de Malvinas. Acusan a las firmas de contrabando, evasión de controles aduaneros y afectación directa de la soberanía nacional.
El Tribunal Oral Federal 5 condenó a José López, Abel Fatala y a los hermanos Schoklender por el desvío de 206 millones de pesos en la causa Sueños Compartidos. En tanto, el exministro Julio De Vido resultó totalmente absuelto.
