El fin de la ley de amnistía en Venezuela deja a cientos de presos políticos sin libertad, tras excluir delitos de rebelión. Aunque hubo excarcelaciones parciales, activistas denuncian una selección arbitraria y el mantenimiento de detenidos como rehenes de negociación.
La reciente clausura de la normativa de gracia en Venezuela, dictada por la administración de Delcy Rodríguez, ha transformado el optimismo inicial en una profunda sensación de desamparo para los familiares de los detenidos. Aunque el oficialismo defiende la efectividad de la medida alegando más de ocho mil beneficiarios, las cifras de las organizaciones civiles exponen una realidad distinta: la gran mayoría de los favorecidos ya gozaba de libertad condicional, mientras que la cantidad de excarcelaciones efectivas apenas supera el centenar según auditorías independientes.
El fin de este beneficio procesal ha dejado fuera de su alcance a los prisioneros vinculados a eventos de alta sensibilidad política para el chavismo. Acusaciones relativas a la “Operación Libertad” de 2019 o la “Operación Gedeón” de 2020 han sido catalogadas como delitos de rebelión o conspiración, categorías que la ley evitó subsanar deliberadamente. Esta selectividad también ha afectado a figuras del activismo civil, periodistas y líderes sindicales, quienes permanecen bajo la vigilancia de tribunales o en centros de reclusión como El Rodeo, bajo condiciones que sus allegados describen como inhumanas.
Desde instituciones como Provea y Justicia, Encuentro y Perdón, se señala que la ley nació con una “falla de origen” al ignorar los delitos políticos más urgentes de resolver en un proceso de reconciliación. Expertos legales sugieren que la interrupción del beneficio podría ser un síntoma del fracaso de la norma, dejando la puerta abierta a una nueva etapa de persecución dirigida. Advierten, además, que el régimen utiliza a los prisioneros como “rehenes” para negociar cuotas de legitimidad en momentos de asfixia internacional, manteniendo un subregistro de casos que el miedo impidió documentar previamente.
La gestión de esta apertura, acelerada tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, refleja las tensiones dentro del oficialismo. Mientras un sector moderado del PSUV intenta proyectar una imagen de convivencia y diálogo a través de figuras como Jorge Rodríguez, el ala más ortodoxa del partido se mantiene firme en una postura de “cero impunidad”, rechazando cualquier concesión que pueda interpretarse como debilidad. Pese a que se han anunciado canales alternativos para procesar las solicitudes restantes, el panorama para los casi 700 presos políticos documentados sigue siendo sombrío, marcando un límite difuso entre la transición democrática y la supervivencia del antiguo aparato represivo.
Anant Ambani, multimillonario indio, propuso rescatar a 80 hipopótamos de Pablo Escobar para evitar su sacrificio en Colombia. El magnate busca trasladarlos a su centro de conservación Vantara, ofreciendo una alternativa humanitaria frente al plan de eutanasia gubernamental.
El Gobierno desembolsará 72 mil millones de pesos en mayo para cumplir con el programa “Volver al Trabajo” tras un fallo judicial. Aunque apeló la medida, Capital Humano acatará el pago, lamentando que la orden frene su reforma del sistema asistencial.
Las ventas de combustibles cayeron un 1,8% anual en marzo, impulsadas por el alza de precios global. YPF fue la única petrolera que creció, mientras el consumo de naftas para uso particular lideró el retroceso frente al sector productivo.
La conducción nacional del PJ sesiona tras meses de inactividad, centrando su agenda en el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner. El encuentro abordará intervenciones partidarias en el norte y profundiza la interna con Kicillof ante el nuevo escenario.
El Gobierno licitará la concesión de AySA para recaudar USD 500 millones destinados al pago de deuda. El proceso durará tres meses, exigirá solvencia técnica y mantendrá el esquema tarifario regulado bajo control estatal hasta su revisión integral en 2027.
La UIA alertó sobre el posible desabastecimiento de gas y los elevados costos energéticos que amenazan la producción industrial este invierno. Pese a un leve repunte mensual en marzo, el sector acumula una caída trimestral y reclama previsibilidad ante la crisis.
Manuel Adorni presentará su informe de gestión ante Diputados, respaldado por Javier Milei y el Gabinete.
América Latina mantiene uno de los gastos militares más bajos del mundo, enfocándose en modernizar equipos obsoletos y combatir el crimen interno. Según el SIPRI, la región prioriza lo socioeconómico, aunque busca proteger sus recursos estratégicos en un mercado global competitivo.
