Asociados de la cooperativa láctea ratificaron este jueves el pedido de quiebra impulsado por el Consejo de Administración. La decisión, tomada en Sunchales con mínima participación, despeja el camino judicial tras días de apelaciones y conflictos internos por el control de la firma.
La asamblea ordinaria de SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL) resolvió este jueves respaldar la solicitud de quiebra indirecta. La votación ocurrió en la sede de la ciudad de Sunchales, con la participación de once asociados presentes. Del total, cinco integrantes votaron a favor de la medida, tres lo hicieron en contra y tres optaron por la abstención.
El resultado de la reunión impactó directamente en la estrategia legal de los sectores que buscaban frenar el proceso. Días atrás, el abogado Aldo Regali, representante de un grupo de productores y extrabajadores, presentó una apelación ante la Justicia santafesina.
Asimismo, el letrado argumentó que el Consejo de Administración no tenía facultades para solicitar la quiebra sin el consentimiento previo de los socios. Con la resolución de hoy, la voluntad social quedó formalmente expresada en el expediente.
A pesar del debate interno, la sentencia de quiebra dictada por el juez Marcelo Gelcich el 22 de abril ya estableció las reglas de juego. El magistrado dispuso la “continuación de la explotación”, lo que permite que las seis plantas operativas sigan en funcionamiento bajo contratos de fasón. Esta medida busca preservar el valor de los activos ante una eventual enajenación o venta por partes de la firma fundada en 1938.
La Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (Atilra) cuestionó la relevancia jurídica del encuentro. Desde el gremio señalaron que la asamblea no altera una decisión judicial de orden público. Actualmente, 178 trabajadores custodian las instalaciones por disposición del juzgado para asegurar el mantenimiento de la maquinaria.
La sindicatura, a cargo de los contadores Ignacio Pacheco Huber y Juan Luis Tomat, deberá conformar un comité de control en un plazo de diez días. El juzgado de Rafaela fijó el 29 de mayo de 2026 como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos. Entre los damnificados figuran organismos estatales, proveedores y ex operarios que iniciaron juicios laborales.
SanCor, que rechazó una alianza con Adecoagro en 2006 tras recibir financiamiento del gobierno de Venezuela, enfrenta hoy un pasivo que imposibilitó su continuidad operativa. La deuda acumulada y la pérdida de mercado precipitaron este desenlace tras años de intentos fallidos de reestructuración.
El futuro de la histórica cooperativa dependerá ahora de la Cámara de Apelaciones y de la capacidad de la sindicatura para gestionar los activos. ¿Podrá el modelo de “continuidad” judicial sostener los puestos de trabajo o la ratificación de la quiebra es el preludio de un desguace definitivo?
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Tras una serie de enfrentamientos mediáticos y judiciales, Ricardo Diotto solicitará ante los tribunales de familia la tenencia de su hija Giovanna, acusando a María Fernanda Callejón de mal desempeño materno e influencias negativas sobre la menor.
Agentes de investigaciones detuvieron en Lehmann, Santa Fe, al actor Maximiliano Ghione tras la denuncia de un hombre que afirmó haber sido retenido durante cinco horas en su propiedad y amenazado con armas de fuego por un reclamo económico.
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