Venezuela admitió el fallecimiento de un detenido tras meses de incertidumbre familiar

Venezuela admitió la muerte de Víctor Hugo Quero Navas nueve meses después del fallecimiento. El comerciante, detenido por presunto terrorismo, murió en custodia estatal por complicaciones respiratorias. Su familia, que denunció desaparición forzada, exige pruebas de ADN para verificar la identidad.

Delcy Rodríguez negocia y teje
Delcy Rodríguez. Foto: @delcyrodriguezv

El Ministerio de Servicios Penitenciarios de Venezuela ha oficializado el deceso de Víctor Hugo Quero Navas, un comerciante que se encontraba bajo custodia estatal desde inicios de 2025. El anuncio gubernamental llega con un retraso de casi tres trimestres respecto a la fecha del fallecimiento, periodo durante el cual sus allegados denunciaron desconocer su paradero exacto. Según el informe de las autoridades, el hombre de 51 años pereció en julio pasado debido a complicaciones respiratorias derivadas de una afección pulmonar y un cuadro febril, tras haber sido asistido en una institución de salud militar. La administración penitenciaria justificó la inhumación solitaria del cuerpo alegando que el interno no había proporcionado información sobre sus parientes y que nadie reclamó su tutela en aquel momento.

Esta versión oficial fue duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y por la propia madre de la víctima, Carmen Navas, quien recientemente fue conducida por funcionarios a una necrópolis en la capital para localizar los restos. La mujer, que había intentado rastrear el destino de su hijo en diversos centros de detención sin obtener respuestas, ha solicitado ahora exámenes genéticos para verificar que los restos sepultados corresponden efectivamente al comerciante arrestado bajo acusaciones de terrorismo. Desde organizaciones como Foro Penal calificaron el hecho como una situación de extrema gravedad, señalando que la falta de notificación oportuna y el entierro sin consentimiento familiar vulneran los protocolos básicos de transparencia y los derechos de los privados de libertad bajo resguardo público.

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